LA POLICÍA JUDICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Hernando Anibal Garcia Dueñas
Sumario: Introducción. La indagación y la investigación: Órganos de policía judicial. Grupo de Tareas Especiales. Programa metodológico de la investigación (PMI). Ejercicio directo de la policía judicial. Procedencia de registros y allanamientos. Retención, examen y devolución de correspondencia. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. Vigilancia y seguimiento de personas. Vigilancia de cosas. Análisis e infiltración de organizaciones criminales. Actuación de agentes encubiertos. Entrega vigilada. Juzgamiento: Prueba testimonial y peritaje.
INTRODUCCIÓN
Colombia un Estado Social de Derecho, lo que pareciera suficiente para afirmar que el actual sistema de investigación y juzgamiento de delitos, es garantía para quienes intervienen en las actuaciones procesales penales. Sin embargo, el estar cimentado sobre una Constitución Política de respeto de garantías y derechos fundamentales, no ha permitido que en la práctica las personas (víctimas y victimarios) comprometidas en un conflicto penal, puedan hacer uso, sin dificultad, del catalogo constitucional.
Doce años fueron necesarios para dar con seriedad la discusión sobre un sistema procesal penal de garantías, donde víctimas y victimarios en sus perspectivas puedan estar en igualdad de condiciones frente a sus mínimos derechos. Es un logro alcanzado con el acto legislativo 003 de 2003, donde la Fiscalía General de la Nación jugó un serio y responsable papel, pues ser el ente investigador de Colombia, el que haya puesto las cartas sobre la discusión previa al acto legislativo, es en verdad querer los cambios que nuestra justicia penal en Colombia requiere.
La tarea no finalizó con haberse logrado la aprobación de la reforma penal a través del acto legislativo 003 de 2002, sino el de abanderar las discusiones relaciones con los cambios legales exigibles para la implementación de un sistema procesal penal acusatorio. Los cambios son exigibles en todos los niveles, como son: Código de Procedimiento Penal, Código Penal, Sistema Nacional de Defensa Pública, Régimen Carcelario y Penitenciario y Régimen Estatutario de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.
Las discusiones en el seno de la Comisión Constitucional para la Reforma Penal, constituida en el acto legislativo 003 de 2002, planteó un sistema procesal penal acusatorio. En él se destaca la limitación de las funciones judiciales a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en especial la relacionada con la restricción de la libertad de las personas, el control absoluto sobre diligencias de allanamiento e interceptación de comunicaciones. Funciones que asume un juez independiente y autónomo; es decir un juez de garantías, nueva función de carácter constitucional, pues más allá de un simple control formal de garantías se trata de un control constitucional para todo evento o actividad, consecuencia de la investigación criminal cuando se restrinja o limite el derecho de las personas.
El juez de garantías estará presente durante la investigación, entendida esta la indagación preliminar a cargo de la Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía. Y la investigación que se realiza con posteridad a la imputación sobre un delito que se hace al indiciado o acusado, la cual va hasta cuando se formula acusación o se solicita preclusión de la investigación. Esto significa que una vez tiene inicio la etapa del juicio, pierde interés el control de garantías, ésta lo exige en la investigación, durante el juicio el control lo tiene en toda su dimensión procesal el juez de conocimiento o juez de la causa.
En la investigación, se busca un fiscal con una Policía Judicial integral, formada y con mayores atribuciones en el campo de la investigación y la criminalística, pero eso sí, bajo la dirección, coordinación y control jurídico de la Fiscalía. El sistema aprobado por el Congreso de la República[1], conforme a los fines marcados en el acto legislativo 003 de 2002, busca una Policía Judicial idónea, experimentada y garante de los derechos fundamentales, una Policía Judicial con capacidad técnica, científica y artística, y un fiscal con capacidad de reflexión para marcar el horizonte de la investigación. Los dos serán vistos como un equipo de trabajo, no será posible una Policía Judicial aislada del Fiscal o un Fiscal con una negativa autonomía sobre la Policía Judicial. Esto ha hecho que las investigaciones pierdan solidez. La meta es la estructuración de equipos de investigación integrales.
Nos proponemos en esta reflexión destacar los principales instrumentos de una Policía Judicial, con capacidad para investigar, con conocimientos y experiencias en el campo de la criminalística.
LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN[2]
Durante la Indagación Preliminar, cuyo término va desde el momento de la comisión del delito hasta la prescripción de la acción penal, y la investigación, la cual está dada desde de la imputación del delito al indiciado hasta cuando se formula la acusación y con un término de treinta (30) días, la Policía Judicial actuará bajo la dirección, coordinación y control jurídico de la Fiscalía General de la Nación[3]. Incluso la omisión en el cumplimiento de sus funciones legales constituirá causal de mala conducta[4], y si con su función irregular se ha restringido o limitado derechos fundamentales de las personas, los elementos materiales probatorios y evidencia física que hayan recolectado y asegurado no podrán ser utilizadas por el Fiscal Delegado, pues éste estará en la obligación de aplicar el principio o cláusula de exclusión[5], que no es otra cosa que su rechazo.
Los elementos materiales probatorios y evidencia física que han sido recolectadas y aseguradas por la Policía Judicial y que el Fiscal Delegado presentará en el juicio[6], serán objeto de controversia probatoria durante el juicio[7], según lo postulen los sujetos procesales. Por esta razón el equipo de trabajo integrado por el Fiscal Delegado y la policía judicial, no termina con la formulación de la acusación[8], pues la investigación lo es entendida también en la fase del juicio, mientras no se cierre el ciclo de práctica de pruebas[9]. La Fiscalía junto con la Policía Judicial, están obligadas a realizar las investigaciones en una estrecha relación, pues no es pensable una investigación que ha decantado unos excelentes elementos materiales probatorios o evidencia física, pero con limitaciones al ser presentadas en el juicio con ausencia de coordinación entre la Fiscalía y la Policía Judicial. En la causa es función del Fiscal Delegado presentar los elementos materiales de prueba, pero éstos pueden perder contundencia si no se está preparado en ese trabajo en equipo con la Policía Judicial. Cada vez que un investigador o un perito suba al estrado con el propósito de explicar las actividades en su función, entre en juego el éxito de la investigación, y sólo se mantendrá en aquellas donde haya primado una excelente dirección, coordinación y control de la actividad. Las inconsistencias se presentarán cuando el Fiscal Delegado e investigador o perito no hayan trazado la estrategia para una buena presentación de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física.
ORGANOS DE POLICÍA JUDICIAL
Por regla general: La tradición jurídica sobre que autoridades cumplen funciones de Policía Judicial, no tuvo cambios sustanciales, pues la Policía Nacional las tendrá a través de su Policía Judicial (SIJIN - DIJIN). Igual las cumplirá el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. El Departamento Administrativo de Seguridad, con su dependencia especializada en funciones de Policía Judicial. Finalmente, por excepción las tiene la Policía Nacional en general, en aquellos eventos que no sea posible la presencia de la Policía Judicial[10].
Será responsabilidad de la Policía Nacional[11], cuando cumpla funciones excepcionales de Policía Judicial, asegurar los elementos materiales de prueba y evidencia física para lo cual se someterán al régimen de cadena de custodia. La evidencia física desde su recolección será objeto de seguridad, identificación y conservación, como mínimo la Policía Nacional, en estos casos, la asegurará, identificará, embalará y enviará al responsable final.
La Policía Nacional que en cumplimento de sus funciones preventivas, registro de personas y registro de vehículos[12], encontrare elementos materiales probatorios o evidencia física que demostraren la comisión de un delito, o la identificación de autores o participes de un delito, tendrán que aplicar el régimen de cadena de custodia, como tal deberán recogerlos, identificarlos y embalarlos técnicamente[13], y de inmediato entregarán a la Policía Judicial, para que a su vez ésta asuma la indagación y e informe al Fiscal a través del reporte de iniciación[14].
Por regla especial: Dentro del cumplimiento de sus funciones y en forma especial cuando se esté ante la comisión de un delito, cumplen funciones de Policía Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Autoridades de Tránsito, las entidades de Vigilancia y Control (ejemplo: las Superintendencias) y los Directores Nacional y Regionales del INPEC, Directores de establecimientos carcelarios y personal de vigilancia y custodia del INPEC, los alcaldes y los inspectores de policía[15].
Se persigue con estas facultades especiales el logro de una investigación objetiva, pues en la medida que estas dependencias tengan funciones de investigación administrativa, en cumplimiento de las mismas pueden estar mucho mas allá, es decir, dentro de una investigación criminal y con las funciones especiales de Policía Judicial, podrán coadyuvar con la misión de la Fiscalía General de la Nación. Investigar los delitos y llevar a juicio a los presuntos responsables.
Los entes que tienen funciones especiales de Policía Judicial, al igual que la Policía Judicial en general, estarán en la obligación de informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre el inicio de una indagación, para que a su vez ésta pueda ejercer sus funciones de dirección, coordinación y control jurídico.
Por regla transitoria: Las entidades públicas por lo general tienen funciones de investigación a través de las Oficinas de Control Interno Disciplinario, o capacidad de auditoria interna. En cumplimiento de sus funciones pueden estar desarrollando actividades de investigación sobre conductas que constituyen un delito, cuya competencia para la investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, el Fiscal General, ante la importancia, complejidad o trascendencia de la investigación, mediante resolución motivada, podrá facultar transitoriamente a la entidad para que cumpla funciones de Policía Judicial[16] dentro de la investigación interna que realiza. Esta facultad de contenido transitorio debe entenderse exclusivamente para el caso objeto de investigación. Es decir si se trata de otro asunto diferente deberá obtenerse del Fiscal General, la autorización pertinente.
La importancia de estas facultades transitorias es lograr investigaciones con objetividad, oportunidad y en provecho de la especialidad. Al igual permitir que desde un principio la Fiscalía General de la Nación, dirija, coordine y controle la investigación.
GRUPO DE TAREAS ESPECIALES
La comisión de delitos evoluciona, los autores o participes implementan constantemente nuevas formas o modalidades para delinquir, se organizan en grupos profesionales que en su actividad ilícita están en la búsqueda de mecanismos para no dejar huellas de sus conductas. Vale traer a manera de ejemplo como en los delitos contra el patrimonio económico el asalto callejero o bancario le sede el camino a otras formas de criminalidad de mayor estructura organizativa, como ocurre con la vulneración de los sistemas de seguridad en los cajeros electrónicos o el acceso a claves complejas para desencriptar información financiera que fluye por canales de alto contenido informático; o como en los delitos de narcotráfico y secuestro existen organizaciones compartimentadas que hacen difícil su desmantelamiento cuando se ha logrado la captura de alguno de sus integrantes, quienes sólo tienen acceso a parte de la información por tener a su cargo tareas restrictivas y correspondientes a un eslabón de la organización criminal y no a un todo.
La complejidad de este tipo de investigaciones exigen la conformación de equipos de tareas especiales[17] conformados por fiscales y servidores de la policía judicial con conocimientos especiales y procedimientos de investigación de alto contenido analítico. Los equipos especiales exigibles para abordar la investigación con dedicación exclusiva podrán ser conformados por los jefes de las unidades de fiscalías, previa solicitud de autorización al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su delegado.
Estos equipos en el desarrollo de su actividad de investigación tendrán que rendir informes semanales de avance con el fin de evaluar los progresos, determinar su existencia, fortalecer las estrategias, reorganizar o disolverlos cuando sea procedente.
PROGRAMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN[18]
En la última década, sin lograrlo a plenitud, se ha querido fortalecer el trabajo en equipo entre los Fiscales Delegados y la Policía Judicial, para ello se acudió al dibujo de ejecución[19], el cual estaba marcado como la carta de navegación de la investigación. Sin embargo, no se corrió con la mejor suerte en su implementación, esto por diferentes razones: el propio sistema mixto procesal penal, donde no prima el trabajo en equipo, sino el de emitir unas ordenes (Fiscal Delegado) a través de misiones de trabajo que cumple la Policía Judicial y la respuesta en informes cuyo contenido está al arbitrio de la actividad realizada por la Policía Judicial; la mal entendida autonomía e independencia de los Fiscales Delegados, por su lado, y la Policía Judicial, por el suyo; y la congestión de los despachos judiciales de los Fiscales Delegados y las mismas Policías Judiciales. Todo esto sólo nos ha dado como resultado la perdida de confianza por la sociedad en sus entes de investigación y juzgamiento, pues por lo general se tiene una justicia inequitativa, inoportuna e indiferente a los fenómenos de conflictividad social.
El sistema procesal penal acusatorio, aprobado por el legislador, exigirá un trabajo en equipo entre Fiscales Delegados y Policía Judicial, pues no será viable llegar a un juicio, sino existe una relación armónica entre uno y otro. En la medida que la Policía Judicial realice un excelente trabajo en el marco científico, técnico o artístico, podrá la Fiscalía organizar y estructurar el caso que presentará en un juicio de responsabilidad penal oportuno y confiable para todos.
La estructura de una metodología de trabajo en equipo, se verá condensada en lo que será el Programa Metodológico de la Investigación (PMI). A través del cual podrá llevarse a cabo investigaciones certeras, confiables y oportunas. El PMI es un instrumento de trabajo que marcará la carta de navegación en las investigaciones penales, algunas de sus particularidades están dadas por lo siguientes aspectos:
Ratificación y reuniones de trabajo: El Fiscal, los investigadores y peritos, bajo la dirección y coordinación del primero, podrán ratificar, explicar[20] y organizar los aspectos relevantes de la investigación. Los mismos que permitirán la consolidación de los elementos materiales de prueba que el Fiscal Delegado hará valer en el juicio para demostrar la responsabilidad de los autores o participes del delito, o para hacer las solicitudes de preclusión de la investigación cuando en su desarrollo se encontraren evidencias con las que se pueda demostrar lo favorable para el investigado.
Determinación de objetivos: El trabajo en equipo entre Fiscales y Policía Judicial, permitirá la formulación de los objetivos[21] en la investigación. Es la oportunidad de hacer la discusión para plantear qué es la que se va investigar, cuáles son los elementos de materiales prueba que exige una buena investigación y cuál la metodología o estrategia a seguir en la investigación.
Hipótesis delictiva: No sólo el Fiscal tiene el deber de formular la hipótesis criminal que presentará en un juicio de responsabilidad penal. Corresponde a él junto con la Policía Judicial formular las presuntas hipótesis delictivas[22], para con el desarrollo de la investigación encontrar que fue lo que realmente ocurrió. Es decir determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó una conducta delictiva. La posibilidad de asegurar los elementos materiales de prueba sobre la ocurrencia de un delito y llevar al presunto autor o participe a juicio de responsabilidad penal.
Criterios para evaluar información: Las investigaciones pueden tener alguna complejidad, bien en la individualización de los autores o participes, o bien en la determinación o consecución del elemento probatorio con el que se construirá un juicio de responsabilidad. Por ello, el Fiscal Delegado y la Policía Judicial en desarrollo de PMI podrá evaluar la información[23], bien para descartar lo no trascendental e identificar y dar mayor importancia a aquella que permita el aseguramiento del elemento material de prueba que se presentará ante el Juez de Conocimiento.
Delimitación funcional de tareas: Un trabajo en equipo generará poder trazar las tareas en las diferentes fases de la investigación. En el anterior sistema las misiones de trabajo expedidas por los Fiscales, implicaban un alejamiento de la Policía Judicial, en su opción de retroalimentarse, de delimitar tareas[24], de trazar nuevos objetivos, de reorientar la investigación, esto no es una constante, pues existen taras en la investigación que implican la mora y dilación en los resultados. El PMI precisamente en esa constante de trabajo en equipo exigirá una constante en la retroalimentación entre Fiscales y Policía Judicial.
Procedimientos de control: Para que la Fiscalía tenga la dirección, coordinación y control jurídico[25] de la investigación, resulta importante el PMI. En esa lógica relacional entre Fiscales y Policía Judicial podrá garantizarse el respeto de derechos fundamentales, el esclarecimiento de los hechos, la individualización de autores o participes, la evaluación y cuantificación de daños y la asistencia y protección de las víctimas[26].
La misión en la investigación cambiará de objetivos, en el sistema procesal penal de tendencia inquisitiva mucho importa a la Policía Judicial lograr la identificación de autores o participes de un delito y allegar algunos elementos materiales de prueba con la que pueda iniciarse una investigación en la Fiscalía General de la Nación, pero no cobra la misma importancia o interés en el desarrollo de los juicios de responsabilidad penal. Esto hace ver la justicia dentro de un esquema de eficientismo judicial, y no de eficiencia y eficacia en la administración de justicia.
Mientras que el sistema procesal penal acusatorio, exigirá un mayor compromiso, pues no bastará con la identificación de autores o participes del delito y del aseguramiento de elementos materiales de prueba que permitan iniciar una investigación por la Fiscalía General de la Nación, sino que tendrá que darse su importancia en los juicios de responsabilidad, pues ante los jueces es donde se pondrá en juego la seriedad de las investigaciones, allí se medirá la calidad de las pruebas y por ende la eficiencia, eficacia y oportunidad de la investigación. Además, importará sobre manera el respeto de los derechos fundamentales de víctimas[27], testigos y victimarios. Las víctimas tendrán una especial atención tanto en los daños a su integridad personal, como la garantía en la protección de los elementos materiales de prueba a su favor, entendidos los que generan responsabilidad penal, como aquellos que permitan el restablecimiento del derecho[28] por los daños materiales recibido.
EJERCICIO DIRECTO DE LA POLICÍA JUDICIAL
La Policía Judicial cumplirá dos funciones esenciales para la investigación, donde el Fiscal Delegado, ejercerá dirección, coordinación y control jurídico, pero no actividad de investigación desde un punto de entendimiento práctico. Esas funciones propias del ejercicio de Policía Judicial son: la Investigación de campo y los estudios y análisis de laboratorio[29]. Es indiscutible que el manejo de las escenas del crimen será responsabilidad de los técnicos o experto en el área que exija la investigación, al igual que el estudio y análisis de laboratorio, allí los llamados son los investigadores de la Policía Judicial, peritos o especialistas en las ciencias, técnicas o artes de la criminalística.
La dirección, coordinación y control jurídico que ejercerán los Fiscales Delegados, debe ser entendida dentro del PMI, es decir, aquella interrelación exigible para que los elementos materiales de prueba recogidos y asegurados tengan la confiabilidad y contundencia al ser presentados en la etapa del Juicio. Etapa donde se pondrá a prueba la idoneidad, experiencia y conocimiento en los procedimientos de quienes practican las experticias. La existencia de una excelente relación entre Fiscales y Policía Judicial, garantizará los mejores éxitos de la actuación.
En síntesis, la Policía Judicial, en la medida de no limitar o restringir los derechos fundamentales de las personas involucradas en la comisión de un delito o aquellas que circunstancialmente se pueden ver afectadas con su accionar, podrá realizar las siguientes actividades: Inspección en el lugar del hecho[30], inspección de cadáver[31], entrevistas[32] e interrogatorios ,identificación, recolección, aseguramiento y custodia de los elementos materiales de prueba[33]. Igual podrán obtener información sobre el ingreso de víctimas a los establecimientos hospitalarios o de salud, esto con ocasión a situaciones de violencia[34]. Al igual estarán en la obligación de dar aviso de las diferentes situaciones a la Policía Judicial.
PROCEDENCIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS[35]
Objetivos: Las diligencias de allanamiento exigirá la formulación de unos objetivos y así debe apuntar el interés de la diligencia. Los objetivos deben estar enmarcados dentro de los siguientes aspectos: lograr obtener elementos probatorios sobre la comisión de un delito o identificación de autores o participes, y lograr realizar la captura del indiciado, investigado o acusado. Para ello, los allanamientos podrán realizarse sobre inmueble, nave o aeronave y vehículo automotor.
Fundamentos para la orden de registro y allanamiento: Varios aspectos resultan importantes antes de ordenar la practica de una allanamientos, no basta tener claridad sobre el objetivo, pues este debe estar respaldado en motivos razonablemente fundados[36], para ello la existencia de medios cognoscitivos (elementos probatorios), como la presencia de testimonios, documentos u otro elemento materiales de prueba[37]. Con la convicción de tener motivos razonablemente fundados y soportados en medios cognoscitivos, previa orden del Fiscal Delegado, la Policía Judicial podrá realizar las diligencias de allanamiento, cuando en el interior del lugar a allanar se halle instrumentos con los cuales se cometió el delito o producto del delito. Con miras a capturar el autor o participe se podrá allanar el bien donde se encontrare, en su calidad de propietario, tenedor del mismo o que transitoriamente se encuentre ubicado en él.
Alcance de la orden de registro y allanamiento: El Fiscal que ordenare la diligencia de allanamiento deberá determinar con precisión los lugares que se allanarán[38]. Incluso si el bien tiene varias habitaciones se deberá determinar sin equivoco cual se va a allanar. Si no es posible una descripción exacta del lugar, el Fiscal Delegado deberá con fundamento en los razonamientos fundados motivar el alcance del allanamiento. Esto se explica por el control posterior que realizará el juez de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes de finalizar la diligencia, pues el juez para validar o invalidar el desarrollo del allanamiento analizará con celo las razones que le dieron origen.
De otra parte, no habrá motivo razonablemente valido para ordenar allanamientos indiscriminados, globales o en masa. No merece explicación la situación de orden público en que se encuentra nuestra sociedad, todos corremos los mismos riesgos que el terrorismo desencadena; sin embargo ello no justifica una razón suficiente para realizar allanamientos globales donde se afecta indiscriminadamente la intimidad de las personas, en muchos casos ocasionando daños en sus bienes, sin que se les repare. La Policía Judicial tendrá que aumentar sus esfuerzos de investigación y seguimiento para lograr la realización de allanamientos en los lugares que en verdad lo merecen por razones de existencia de elementos materiales de prueba, producto del delito o captura de los autores o participes.
Reglas para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento: Por regla general los allanamientos tendrán que realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde[39], previa orden del Fiscal Delegado, la cual tiene vigencia por treinta días, si la actuación se encuentra en indagación preliminar, es decir antes de haber realizado imputación alguna al autor o participe del delito. Igual se podrá realizar dentro de los quince días siguientes a la orden del Fiscal Delegado[40], cuando la actuación se encuentra en la fase de investigación, o sea después de haber formulado la imputación.
De todas formas, efectuada la diligencia de allanamiento la Policía Judicial de inmediato informará al Fiscal Delegado que lo ordeno, para que solicite dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el control de garantías que ejercerá el Juez de Garantías, quien como tal invalidará o validará la diligencia. Este control se hará en una audiencia preliminar, donde estará presente el Fiscal Delegado, los testigos o peritos, puede estar el Ministerio Público y por supuesto el Juez de Control Garantías, quien presidirá la audiencia. En la indagación preliminar no se requiere la presencia del defensor del indiciado, pues el verdadero ejercicio de la defensa tiene sentido a partir de efectuarse la imputación del delito. En la indagación preliminar quien vela por los derechos fundamentales de las personas es el Juez de Garantías, un verdadero Juez constitucional.
Sólo se adelantará la diligencia de allanamiento en los lugares que han sido autorizados por el Fiscal Delegado[41] que lo ordenó, procurándose en todo caso la menor restricción posible de derechos fundamentales. Si como consecuencia de la realización del allanamiento se estuviere ante una situación de flagrancia, se procederá a allanar los lugares que no han sido objeto de autorización por el Fiscal Delegado, o si como consecuencia del allanamiento con motivos fundadamente razonados se observare que en sitios inmediatamente contiguos se encuentran o se dan las circunstancias planteadas en el objetivo del allanamiento, se extenderá la diligencia a esos lugares contiguos. En todo caso, se observará las mínimas garantías constitucionales, las cuales serán objeto de revisión por el Juez de Garantías.
Procederá el allanamiento en cualquier hora, cuando se tenga motivos fundamente razonado sobre la fuga de la persona sobre la cual pesa una orden de captura, o cuando corra riesgo la seguridad de los elementos materiales de prueba[42], es decir, que de no hacerse la diligencia pueda ser objeto de destrucción, bien los elementos materiales de prueba o el producto del delito.
La diligencia de allanamiento constará en un acta escrita[43], donde se resumirá las diligencias realizadas. El acta será leída a las personas que aleguen afección, quienes podrán dejar constancia de sus razones. El acta será firmada por quienes intervienen, si quien alegare afección se negare a la firma, se entenderá su contenido bajo la gravedad del juramento con la firma del servidor responsable de la diligencia.
Excepciones a la orden del Fiscal Delegado
Cuando medie consentimiento del propietario del bien: Excepcionalmente se podrá realizar diligencia de registro o allanamiento sin orden del Fiscal Delegado[44], cuando medie consentimiento expreso del propietario, es decir no se hace necesario el ejercicio de la fuerza pública para acceder al lugar habitado. Debe entenderse que el propietario del bien es el directamente afectado con la diligencia, pues si el morador no es el propietario del bien, sino tenedor a cualquier título, la autorización deberá ser dada directamente por el tenedor o morador a quien se le limita o restringe su derecho expectativa razonable de intimidad.
No existencia de expectativa de intimidad: La propiedad privada no debe ser entendida en todos los casos como derecho a la intimidad de las personas. La intimidad es un derecho que va ligado a la existencia de la persona, depende de su ser. La propiedad privada es un concepto mucho más amplio, reconocer este derecho a las personas, no implica que para todos los efectos se afirme que es un asunto de intimidad de las personas. La propiedad privada puede llevar consigo la inexistencia de la intimidad de las personas. Una casa de habitación es un bien ajeno y esta situación va ligada con la intimidad de sus moradores; una finca o lugar a campo abierto, si bien tiene ese carácter de propiedad privada, ella no va ligado necesariamente con la violación de la intimidad de las personas. Por esta razón no se requerirá de orden allanamiento cuando la actuación no restrinja la expectativa de intimidad de las personas[45].
Es posible realizar la diligencia de allanamiento en aquellos lugares donde no existe la expectativa de intimidad. Es el caso de la existencia de elementos materiales de prueba o producto del delito que se encuentren a campo abierto, a la vera del camino. Aquellos que a pesar de encontrarse en propiedad privada están a la vista de todos[46].
En situaciones de emergencia: Igual procederá el allanamiento sin orden del Fiscal Delegado, en aquellas situaciones de emergencia[47], como incendios, inundaciones o daños que pongan en riesgo de las personas o de los elementos materiales de prueba que son de importancia para la investigación.
Medie orden de captura: El allanamiento lleva implícita la orden del Fiscal Delegado cuando en contra del morador del bien, medie orden de captura[48]. Si la persona por capturar se encuentra en un bien ajeno, en todo caso se requerirá autorización de su morador legítimo.
Finalmente, si bien existen diligencias de allanamiento sin que medie orden del Fiscal Delegado, no significa que no se ejerza un control sobre su realización. La Policía Judicial que realizare el allanamiento sin orden del Fiscal Delegado, por estar legitimado para hacerlo, deberá comunicar de inmediato su realización para que el Fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes obtenga el control de garantías que ejercerá el Juez de Garantías.
RETENCIÓN, EXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA
El objetivo que se persigue es la obtención de información útil para la investigación. El Fiscal Delegado podrá ordenar a la Policía Judicial, la retención de correspondencia que reciba o remita el imputado[49]. Del mismo modo podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copias de los mensajes transmitidos por el imputado, como ocurre con las comunicaciones por beeper, y autorizarse a las empresas de mensajería para que suministren la relación de toda aquella correspondencia enviada o recibida por el imputado. La correspondencia será examinada y clasificada por la Policía Judicial, la que no sea de interés para la investigación será devuelta de inmediato.
La Policía Judicial, dentro de las doce (12) horas siguientes a la diligencia, comunicará los resultados a la Fiscalía Delegada[50]. La diligencia sobre retención y examen de correspondencia requerirá de la orden del Fiscal Delegado, y del control posterior por el Juez de Garantías, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al cumplimiento de la diligencia[51]. El plazo determinado para el seguimiento de retención y examen, por ningún motivo, puede exceder de un año. En todo caso se observará los criterios establecidos para la diligencia de allanamiento.
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES
El Fiscal Delegado podrá ordenar a la Policía Judicial la interceptación de comunicaciones[52]. La misma tendrá opción de realizarse a través de grabaciones magnetofónicas o digitales, por interceptación directa de las comunicaciones telefónicas análogas o digitales o las radiotelefónicos o similares que utilicen el espectro electromagnético. Es posible interceptar cualquier medio de comunicación privada que tenga el indiciado, investigado o acusado con los integrantes de su empresa criminal o autores y participes en el delito. La Policía Judicial tiene la facultad de solicitar por escrito al Fiscal Delegado la interceptación de comunicaciones, siempre y cuando medio motivos fundamente razonados para hacerlo. Es decir, la existencia de una investigación y el interés esencial de la comunicación a interceptar, su trascendencia probatoria dentro de los objetivos de la investigación.
El equipo de servidores encargados de realizar la interceptación de la comunicación está en la obligación de guardar la debida reserva[53], pues esta diligencia limita o restringe de manera sustancial el derecho a la intimidad de las personas, y como tal, son muchos las cosas que se escucharán y que no tendrán interés para la investigación, pero si de una profunda sensibilidad para la honra de las personas cuando se ventilan en espacios distantes a su intimidad. No será objeto de interceptación de comunicaciones las realizadas por el defensor del investigado o acusado[54]. Si como consecuencia de la interceptación de comunicaciones se tuviese acceso a las efectuadas entre el indiciado o acusado y su cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado, donde aceptaré la autoría o participación en la comisión de un delito, no podrá utilizarse esta información como elemento materiales de prueba para llevar a juicio. De hacerlo, se estaría vulnerando el derecho fundamental del investigado o acusado de no declarar contra sí mismo o autoincriminarse, como tampoco hacerlo en contra de sus parientes protegidos con este fuero.
Una vez expedida la orden de interceptación de comunicaciones, la Policía Judicial, contará con un término de tres (3) meses[55] para realizar la diligencia. Expirada la vigencia inicial podrá prorrogarse hasta por otro tanto, siempre que el Fiscal Delegado encuentre que se mantienen los motivos fundados que la originaron. La interceptación de comunicaciones será objeto de control por el Juez de Garantías, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la finalización de la diligencia determinará su validez o ilegalidad.
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS
La regulación de este instrumento que prestará sus buenos oficios para la investigación, resulta acertada, pues al no tener la suficiente claridad en su aplicación se convirtió en un esquema contradictorio, por ausencia de garantías en el proceder de los servidores de Policía Judicial, quienes se ven en riesgo cada vez que proceden a realizar la vigilancia o seguimiento de personas[56]. A su turno, igual ausencia de garantías para las personas objeto de vigilancia o seguimiento. Reglar la vigilancia y seguimiento de personas es directamente proporcional a la seguridad de los responsables en aplicar estos instrumentos y una garantía para las personas objeto de los mismos. Es responsabilidad del Fiscal Delegado en cumplimiento de sus funciones de dirección, coordinación y control jurídico de la investigación, expedir las correspondientes ordenes de vigilancia y seguimiento cuando existan motivos razonablemente fundados para hacerlo.
En principio podría pensarse que la vigilancia de personas y el seguimiento de personas tienen una misma definición, pues ambas persiguen la consecución de información útil para la investigación. Sin embargo su principal diferencia es que la primera se tratará de un seguimiento pasivo que permitirá la toma de fotografías y filmar vídeos, sin afectar la expectativa de intimidad de las personas. Su finalidad es lograr identificar o individualizar los autores o participes en el delito, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde asisten y aspectos similares. El término para su realización es de un año, sin perjuicio de poderse volver a expedir la orden si surgieren nuevos motivos.
El segundo instrumento, se trata de un seguimiento especial, con su práctica se restringe, limita o afecta la expectativa de intimidad de las personas, pues se podrá utilizar medios técnicos electrónicos (trasmisores, alarmas, detectores de movimiento, visores nocturnos, y fuentes infrarrojas, micrófonos para la grabación de conversaciones privadas y otras similares), lo cual significa que se trata de una diligencia que va más allá de una simple vigilancia con propósitos limitados. Por la afección a la expectativa de intimidad en su desarrollo se exigirá las mismas reglas que para la diligencia de allanamiento. Entre ellas, su realización dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la orden por el Fiscal Delegado, cuando la actuación se encontrare en indagación preliminar, o dentro de los quince días siguientes a la orden, si dentro de la actuación se ha formulado imputación en contra del investigado.
En todo caso, tanto para la vigilancia, como para el seguimiento de personas, una vez el Fiscal Delegado ha expedido la orden, de inmediata acudirá ante el Juez de Garantías, para que dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden autorice el desarrollo de la diligencia.
VIGILANCIA DE COSAS y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS
Previa orden del Fiscal Delegado, la Policía Judicial podrá realizar vigilancia sobre inmuebles, naves, aeronaves o cualquier otro vehículo o mueble, sobre el cual se tenga motivos razonablemente fundados para inferir su uso en el almacenamiento de droga, o elementos para su procesamiento, o para ocultar explosivos, armas y municiones, y en general, los instrumentos para la comisión de un delito[57]. Durante la vigilancia se podrá utilizar medios idóneos, sin afectar la expectativa razonable de intimidad de las personas, de afectarse en la orden del Fiscal Delegado se determinará la duración, y se aplicará las reglas previstas para las diligencias de allanamiento.
El seguimiento de vehículos, puede realizarse sin perjuicio de los procedimientos preventivos que realiza la fuerza pública. Quiere decir que de manera alguna se restringe o se limita la función preventiva que realiza la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, en sus procedimientos regulares a través de los retenes derivados de la afección del orden público. Esta función preventiva es la consecuencia del mantenimiento de la seguridad ciudadana, donde si bien en principio puede existir una intromisión en la intimidad de las personas, ésta no vulnera la expectativa razonable de intimidad.
La diferencia entre el seguimiento de vehículos y las actividades preventivas a cargo de la fuerza pública, está dada por el conocimiento fundado en motivos razonables sobre el uso del vehículo para trasportar personas a quienes ilegalmente los particulares les están limitando su libre desarrollo de locomoción o para el transporte de instrumentos de comisión del delito o producto de él. Las actividades preventivas, se entienden como aquellas aplicables en la generalidad de la sociedad, sin que existe una determinada razón en alguna persona en particular que utiliza el vehículo en el que se transporta o lleva bienes; son el resultado de medidas por amenaza en la seguridad de las personas en general. El seguimiento a vehículos ordenado por el Fiscal Delegado, no podrá poner en riesgo la autonomía de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales. La primera es como consecuencia de motivos razonados en la comisión de un delito y sobre hechos específicos, determinados; la segunda, es consecuencia de medidas preventivas y generales.
El propósito de la vigilancia de cosas y seguimiento de vehículos es el de obtener información que sirva para la investigación. Si en el lapso de un año no se obtiene la información que se busca, se cancelará la actividad, sin perjuicio de volverse a expedir si surgieren nuevos motivos[58]. De todas formas el Juez de Garantías ejercerá control mediante autorización que determine su validez dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte del Fiscal Delegado.
ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Se trata de un instrumento que en la práctica viene asumiendo los organismos de Policía Judicial, el cual se hace necesario regular, no sólo por los beneficios que trae para la investigación, sino por sus inconvenientes en cuanto a la legalidad actual de la actividad. Su regulación permite mayor confianza en los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, pues el ejercicio regulado cobra transparencia dentro de la investigación y disminuye riesgos en los servidores, quienes muchas veces se ven frente a investigaciones disciplinarios o penales, además facilita el ejercicio de controles durante su desarrollo.
Tiene aplicación cuando el indiciado o imputado pertenece a organizaciones criminales[59] y la investigación requiere de información útil que puede ser obtenida sólo con la infiltración de la organización criminal y su análisis. Se persigue con la actividad conocer la estructura en sus cuadros de mando, la agresividad derivada del perfil de sus integrantes, el número de delincuentes que la componen, y los puntos débiles que permitan su desmantelamiento efectivo. Cumplidos estos propósitos se podrá en forma inequívoca e inteligente ordenar la planificación, preparación y manejo de una operación.
El análisis e infiltración de organizaciones criminales, per se, no será objeto de control por el Juez de Garantías, ni de duración específica, pues se trata de actividades que no limitan o restringen la expectativa razonable de intimidad de las personas. Sin embargo, cuando en desarrollo de la misma se requiera el análisis de bases de datos o de interceptación de comunicaciones, estas actividades de por sí, no sólo requieren la orden previa del Fiscal Delegado, sino de control por el Juez de Garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la emisión, como también su realización durante el término autorizado en el Código de Procedimiento Penal.
ACTUACION DE AGENTES ENCUBIERTOS
Mucha más seria y de mayor riesgo que las diligencias de análisis e infiltración de organizaciones criminales resulta ser la actuación en encubierta. Esta lleva consigo, el hacer parte de la organización criminal y asumir algunas tareas extrapenales[60] con trascendencia jurídica necesaria para el éxito de la investigación. Es decir, la posibilidad de cometer delitos, pero sin llegar a vulnerar la vida e integridad de las personas. La misión por regla general le corresponde a los servidores destacados para el caso por los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, por excepción la misión podrá encomendarse a particulares[61], en todo caso con un riguroso seguimiento para evitar el exceso en los limites de la actividad en encubierta.
Por las implicaciones que genera el realizar conductas extrapenales con trascendencia jurídica, se requiere de orden por funcionarios de alto nivel. Por ello, corresponde al Director Nacional de Fiscalías, en su defecto al Director Seccional de Fiscalías, no sólo conocer del desarrollo de la actividad, sino la facultad para ordenarla cuando existan motivos razonablemente fundados en los medios cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal; sin la orden la Policía Judicial no podrá actuar con agentes en encubierta.
Dispuesta la orden los agentes en encubierta están facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones derivadas de la actividad criminal, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado, y si fuere necesario, realizar transacciones con él. La información que recaude el agente en encubierta como consecuencia de su función tendrá que darla a conocer al Fiscal Delegado que dirige, coordina y controla la indagación o investigación. El Fiscal Delegado, podrá disponer el desarrollo de las operaciones que den lugar el análisis de la información suministrada. Igual podrá utilizarse personas particulares en encubierta, sin permitir el cambio de identidad, cuando por la confianza con el indiciado o imputado o la que pueda adquirir, obtenga acercamientos para asegurar información relevante o de elementos probatorios necesarios para el buen éxito de la investigación.
Durante el desarrollo de la actividad podrá utilizarse los medios técnicos necesarios[62] que garanticen el aseguramiento de la información o de los elementos materiales probatorios que permitan no sólo el desmantelamiento de la organización criminal, sino también llevar a juicio de responsabilidad a los autores o participes en el delito. La duración de la actividad en encubierta no puede ser superior a tres años, en todo caso, una vez termine la operación y dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes el Juez de Garantías ejercerá control para validar o invalidar la actuación[63], sin perjuicio de ejercer control si se cancela la actividad, o cuando durante su desarrollo se afectan o limitan derechos fundamentales que exijan la tutela del Juez de Garantías.
ENTREGA VIGILADA
Se define como tal la entrega de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. Es dejar que los elementos producto del delito se transporten bajo la vigilancia y control de la Policía Judicial entrenada para ello[64]. Tiene aplicación esta actividad cuando el Fiscal Delgado tuviere motivos razonablemente fundados para creer que el indiciado o el imputado interviene o dirige la actividad criminal, especialmente cuando recae en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua.
El Fiscal Delegado podrá ordenar las operaciones en entrega vigilado, en la medida que se haya obtenido autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías. Esto por tratarse de una actividad donde los agentes en encubierto asumen conductas extrapenales y esa razón hace que se opere con un estricto control por parte de la Fiscalía General de la Nación. Resulta valido que en las operaciones en encubierta, como en la entrega vigilada, se pueda operar únicamente con autorización previa del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, pues se trata de una actividad de investigación donde debe estar definidas las actividades extrapenales que no impliquen un riesgo para la investigación o para los agentes. Sin la existencia de un control y autorización rígidos puede darse carta blanca para que servidores de organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, por debilidad, se conviertan en verdaderos participes del delito.
La entrega vigilada tiene sus limites: podrá asumir una conducta activa el investigador o agente cuando la iniciativa nace del imputado o investigado, no podrá el investigador o agente sembrar la idea criminal en quienes dirigen la actividad[65]; en todos los casos, actúa en obediencia a los objetivos establecidos por los cabecillas de la propia organización criminal; por ende, investigador o agente no podrá por iniciativa propia desarrollar comportamientos extrapenales por fuera de los propósitos de quienes dirigen o participan activamente en la comisión de delitos.
Con el ánimo de asegurar la información o los elementos materiales de prueba que se encuentren en el operativo, los cuales no sólo tiene utilidad en el desmantelamiento de la organización, sino en la posibilidad de llevar a los autores o participes a juicio de responsabilidad penal, podrá utilizarse los medios técnicos necesarios[66]. Una vez finalizada el operativo de entrega vigilada, el Fiscal Delegado acudirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes ante el Juez de Garantías para que valide o invalida la actuación[67].
EL JUZGAMIENTO
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, la actividad de los investigadores y agentes del Estado, cobra mayor importancia, ya sus informes no serán dados por rutina a sus superiores jerárquicos o hacerlos llegar en forma fría a los expedientes que llevan los Fiscales Delegados. El investigador, los agentes especiales de los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, al igual que los peritos, sean públicos o privados, que den a conocer la actividad en cumplimiento de sus funciones rendirán sus informes que tendrán que sostenerlos o sustentarlos bajo la gravedad del juramento y ante un juez, durante el desarrollo de la etapa del juicio[68], pues es allí donde se practicarán las pruebas y se ejercerá la verdadera controversia probatoria entre los sujetos procesales (Fiscalía y Defensa).
EL TESTIMONIO
Los investigadores, agentes especiales y peritos que asumen funciones con ocasión a la comisión de un delito, tendrán que desarrollar su actividad bajo la coordinación, dirección y control de la investigación que ejercerán los Fiscales Delegados. Sólo podrá pensarse en un desarrollo del juicio cuando exista una estrecha relación entre ellos. Durante la practica del testimonio del investigador testigo, agente o perito, y para facilitar un buen desarrollo en el interrogatorio podrán consultar sus informes como recurso para recordar, previa autorización del Juez de Conocimiento[69].
Los interrogatorios se desarrollarán uno después de otro y en el orden de la parte solicitante, primero los de la acusación, luego los de la defensa[70]. El interrogatorio se desarrollará con una metodología especial, la cual está compuesta por cuatro fases[71]:
Interrogatorio directo: Inicia el interrogatorio quien ha ofrecido la prueba, es decir la Fiscalía inicia con los testigos que pretende hacer valer para demostrar la responsabilidad del acusado como autor o participe de un delito; la defensa, en su turno, al presentar los testigos con los cuales pretende estructurar la defensa del acusado. El testigo declarará sobre los aspectos que en forma directa y personal hubiese podido observa o percibir. Al punto que de existir controversia sobre lo observado o percibido la contraparte podrá objetar la declaración mediante la impugnación de la credibilidad del testigo. De modo que el investigador testigo o perito, tendrán que acudir a juicio en forma sólida para sostener adecuadamente lo observado o percibido, pues puede ocurrir que por el bajo nivel de comunicación durante su desarrollo, la contraparte logre quitarle credibilidad, pese a la idoneidad de los observado o percibido.
El interrogatorio directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, su objetivo es traer la realidad de lo sucedido a los ojos del juzgador, por eso las preguntas versarán sobre hechos específicos[72], sólo de esa manera se lograrán los fallos que corresponde a la verdad. No serán admisibles las preguntas sugestivas ni las respuestas de referencia[73], estás lo serán cuando la parte que ofrece el testimonio ha anunciado que se trata de un testigo de referencia, razón por la cual será valorado como complemento o de argumentación de pruebas sólidas existentes.
Primer contra interrogatorio: Estará a cargo de la parte que no ofreció el testimonio y el interrogatorio se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Su objetivo es quitar o disminuir la credibilidad del testigo mediante la refutación[74], pudiéndose utilizar toda afirmación hecha mediante entrevista o en otra declaración jurada[75], por ende, podrá realizarse preguntas sugestivas de respuesta afirmativa o negativa. Se trata, pues, de la posibilidad de ejercer en juicio y en forma inmediata la controversia probatoria, la posibilidad del derecho de contradicción de la prueba.
Interrogatorio redirecto: Es la segunda oportunidad que tiene la parte que ofreció el testimonio para interrogar en forma directa al testigo. Su objetivo aclarar los temas puestos en controversia durante el contra interrogatorio[76]. Se realizará teniendo en cuenta las reglas del interrogatorio directo. La parte que ofreció el testimonio no podrá realizar preguntas nuevas que no haya efectuado en el interrogatorio directo, pues ya esa oportunidad ha perecido.
Segundo contra interrogatorio: Corresponde a la parte que no ofreció el testimonio. Podrá realizarlo sobre los aspectos que fueron tema del interrogatorio redirecto y con el propósito de dar claridad a las respuestas dadas por el testigo[77]. Se realizará bajo las mismas reglas del primer contra interrogatorio, es decir se podrá formular preguntas sugestivas.
Impugnación de la credibilidad del testigo: Los sujetos procesales durante la formación de la prueba testimonial, podrán impugnar la credibilidad del testigo, cuando sus respuestas resulten ser de naturaleza inverosímil o increíble[78], o cuando está en incapacidad de percibir, recordar o comunicar[79], o cuando se infiere con motivos fundadamente razonables su prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad[80], o cuando a efectuado manifestaciones anteriores que impliquen contradicción[81], o por existencia de patrón de mendacidad[82], o cuando existen contradicciones en el contenido de la declaración[83].
PRUEBA PERICIAL
El nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria para Colombia, implica un cambio en la actuación de los peritos en las investigaciones. Ahora, no se limitarán a rendir sus informes sin sostenerlos ante un juez y sin la posibilidad de realizar el proceso de contradicción de la prueba. Los peritos podrán en adelante ser llamados a testificar en la fase del juicio, donde demostrarán su idoneidad, experiencia y su capacidad en la aplicación de los procedimientos utilizadas soporte de su experticia. Es decir serán objeto de interrogatorio bajo las mismas reglas establecidas en la formación de la prueba testimonial[84].
Instrucciones para Interrogar al perito: El perito será interrogado sobre su conocimiento teórico de la ciencia, técnica o arte en la cual es especialista[85]. Igual lo será sobre su conocimiento práctico[86], los principios científicos, técnicos o artísticos[87] y los métodos que empleo durante el proceso de análisis pericial[88]. Además explicará la técnica de orientación, verificación o certeza que permita dar claridad y contundencia probatoria a la experticia[89]. Al igual tendrá su opinión pericial podrá estar corroborada o ratificada por otros peritos que declaran en el mismo juicio[90]. Es decir, el perito tendrá que dar cuenta de los aspectos formales y prácticos que le permitieron dar su concepto pericial.
Contra interrogatorio del perito: Su finalidad es refutar en todo o en parte los argumentos científicos, técnicos o artísticos[91], como los aspectos formales en los análisis soporte de la conclusión pericial. En el contra interrogatorio, la parte que lo realiza podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos, o recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas[92].
Significa lo expuesto que si bien los peritos en Colombia pueden tener la formación en la especialidad, ello no será suficiente, pues tendrán que estar capacitados día a día conforme a los cambios de la ciencia, técnica o arte. Además, sobre los aspectos formales en el manejo de los interrogatorios, deben estar en capacidad de dar a conocer todos los aspectos formales y prácticos de la experticia a los participantes en audiencia pública. Sólo de esa manera se disminuirá el riesgo de refutaciones sobre credibilidad, pese a la idoneidad, experiencia y capacidad en la aplicación de los procedimientos exigibles. Se trata pues de dos capacidades, una la propiamente dicha sobre la contundencia en la experticia, y otra, que va relacionada con su capacidad de comunicación para evitar cualquier asomo de duda.
Finalmente, muchas otras cosas podríamos decir, pues las nuevas exigencias del sistema procesal penal acusatorio así lo exigirá. Por eso el tema que exponemos es apenas un acercamiento a la responsabilidad derivado de los nuevos enfoques y roles de investigadores y peritos. En sí un reto por el cambio paradigmático que abordarán los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial. La idea final es invitarlos a tomar, desde ya, el camino del cambio, pues en pocos días estaremos ante un novedoso sistema procesal penal que nos exigirá una forma diferente de ver la investigación criminal.
Bogotá D.C, 22 de junio de 2004
[1] Texto conciliado por las sesiones plenarias del Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes, 16 de junio de 2004.
[2] Libro Segundo, Título Primero del Código de Procedimiento Penal CPP.
[3] Artículo 117 del CPP.
[4] Ibídem.
[5] Artículo 23 (Cláusula de exclusión) CPP.
[6] Artículo 114 numeral 4 (Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación) CPP
[7] Artículo 8 literal k (defensa), 15 (contradicción), 16 (inmediación), 378 (contradicción de la prueba) CPP.
[8] Artículo 339 CPP
[9] Artículo 372 CPP
[10] Artículo 201 CPP
[11] Artículo 208 CPP
[12] Ibídem
[13] Artículo 254 CPP
[14] Artículo 205 inciso 4 CPP
[15] Artículo 202 CPP
[16] Artículo 203 CPP
[17] Artículo 211 CPP
[18] Artículo 207 CPP
[19] Desde mediados de los noventa se ha venido fortaleciendo las estrategias de investigación criminal, para ello se ha buscado el acercamiento entre los fiscales delegados y la policía judicial. Es así como la metodología de trabajo a través del dibujo de ejecución tuvo algún éxito en las unidades nacionales de fiscalías y en unidades como la de delitos contra la administración pública y del medio ambiente de Cundinamarca, por aquella época, 1997 – 2001, al contarse bajo una misma estructura organizacional fiscales delegados y servidores del cuerpo técnico de investigación se lograron llevar a juicio a servidores públicos que atentaron contra el patrimonio del Estado.
[20] Artículo 207 inciso 1 CPP
[21] Artículo 207 numeral 2 CPP
[22] Ibídem
[23] Ibídem
[24] Ibídem
[25] Ibídem
[26] Artículo 207 numeral 3 CPP
[27] Artículo 11 CPP
[28] Artículo 133 CPP
[29] Artículo 207 inciso último CPP. Se discute si el fiscal puede acercarse al lugar de los hechos para poder ejercer las funciones de dirección, coordinación y control jurídico de la actuación; sobre el punto hay quienes expresan que de hacerlo y tener percepción directa sobre los hechos lo podría desplazar al plano de testigo, razón por la que eventualmente prosperaría un impedimento para conocer de la investigación. Sin embargo, hay quienes sostienen que los fiscales pueden acudir al lugar de los hechos para asumir sin equivoco su función, cosa diferente es que por circunstancias relacionadas con la pureza del lugar de los hechos, disminución de riesgo de contaminación, el legislador haya entregado el control directo sobre la investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio a la policía judicial, es decir, el punto es evitar que resulte contaminada por entrar en ella personas que no tienen los conocimientos científicos, técnicos o artísticos requeridos.
[30] Artículo 213 CPP
[31] Artículo 214 CPP
[32] Artículo 206 CPP
[33] Artículo 205 CPP
[34] Artículo 218 CPP
[35] Artículo 219 CPP
[36] Artículo 220 CPP
[37] Artículo 221 CPP
[38] Artículo 222 CPP
[39] Artículo 225 CPP
[40] Artículo 224 CPP
[41] Artículo 225 numeral 2 CPP
[42] Artículo 225 numeral 1 CPP
[43] Artículo 225 numeral 5 CPP
[44] Artículo 230 CPP
[45] Ibídem
[46] Artículo 230 parágrafo CPP
[47] Artículo 230 numeral 3 CPP
[48] Artículo 230 numeral 4 CPP
[49] Artículo 233 CPP
[50] Artículo 234 CPP
[51] Artículo 237 CPP
[52] Artículo 235 CPP
[53] Artículo 235 inciso 2 CPP
[54] Artículo 235 inciso 3 CPP
[55] Artículo 235 inciso 4 CPP
[56] Artículo 239 CPP
[57] Artículo 240 CPP
[58] Artículo 240 CPP
[59] Artículo 241 CPP
[60] Artículo 242 CPP
[61] Artículo 242 inciso 2 CPP
[62] Artículo 242 inciso 3 CPP
[63] artículo 242 inciso 4 CPP
[64] Artículo 243 CPP
[65] Artículo 243 inciso 2 CPP
[66] Artículo 243 inciso 4 CPP
[67] Artículo 243 inciso 5 CPP
[68] Artículo 399 CPP
[69] Ibídem
[70] Artículo 390 CPP
[71] Artículo 391 CPP
[72] Artículo 392 literal (a) CPP
[73] Artículo 392 literal (b) CPP
[74] Artículo 393 literal (a) CPP
[75] Artículo 393 literal (b) CPP
[76] Artículo 391 inciso 3 CPP
[77] Artículo 391 inciso 4 CPP
[78] Artículo 403 numeral 1 CPP
[79] Artículo 403 numeral 2 CPP
[80] Artículo 403 numeral 3 CPP
[81] Artículo 403 numeral 4 CPP
[82] Artículo 403 numeral 5 CPP
[83] Artículo 403 numeral 6 CPP
[84] Artículo 405 CPP
[85] Artículo 417 numeral 1 CPP
[86] Artículo 417 numeral 3 CPP
[87] Artículo 417 numeral 4 CPP
[88] Artículo 417 numeral 5 CPP
[89] Artículo 417 numeral 6 CPP
[90] Artículo 417 numeral 7 CPP
[91] Artículo 418 numeral 1 CPP
[92] Artículo 418 numeral 2 CPP
Sumario: Introducción. La indagación y la investigación: Órganos de policía judicial. Grupo de Tareas Especiales. Programa metodológico de la investigación (PMI). Ejercicio directo de la policía judicial. Procedencia de registros y allanamientos. Retención, examen y devolución de correspondencia. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. Vigilancia y seguimiento de personas. Vigilancia de cosas. Análisis e infiltración de organizaciones criminales. Actuación de agentes encubiertos. Entrega vigilada. Juzgamiento: Prueba testimonial y peritaje.
INTRODUCCIÓN
Colombia un Estado Social de Derecho, lo que pareciera suficiente para afirmar que el actual sistema de investigación y juzgamiento de delitos, es garantía para quienes intervienen en las actuaciones procesales penales. Sin embargo, el estar cimentado sobre una Constitución Política de respeto de garantías y derechos fundamentales, no ha permitido que en la práctica las personas (víctimas y victimarios) comprometidas en un conflicto penal, puedan hacer uso, sin dificultad, del catalogo constitucional.
Doce años fueron necesarios para dar con seriedad la discusión sobre un sistema procesal penal de garantías, donde víctimas y victimarios en sus perspectivas puedan estar en igualdad de condiciones frente a sus mínimos derechos. Es un logro alcanzado con el acto legislativo 003 de 2003, donde la Fiscalía General de la Nación jugó un serio y responsable papel, pues ser el ente investigador de Colombia, el que haya puesto las cartas sobre la discusión previa al acto legislativo, es en verdad querer los cambios que nuestra justicia penal en Colombia requiere.
La tarea no finalizó con haberse logrado la aprobación de la reforma penal a través del acto legislativo 003 de 2002, sino el de abanderar las discusiones relaciones con los cambios legales exigibles para la implementación de un sistema procesal penal acusatorio. Los cambios son exigibles en todos los niveles, como son: Código de Procedimiento Penal, Código Penal, Sistema Nacional de Defensa Pública, Régimen Carcelario y Penitenciario y Régimen Estatutario de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.
Las discusiones en el seno de la Comisión Constitucional para la Reforma Penal, constituida en el acto legislativo 003 de 2002, planteó un sistema procesal penal acusatorio. En él se destaca la limitación de las funciones judiciales a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en especial la relacionada con la restricción de la libertad de las personas, el control absoluto sobre diligencias de allanamiento e interceptación de comunicaciones. Funciones que asume un juez independiente y autónomo; es decir un juez de garantías, nueva función de carácter constitucional, pues más allá de un simple control formal de garantías se trata de un control constitucional para todo evento o actividad, consecuencia de la investigación criminal cuando se restrinja o limite el derecho de las personas.
El juez de garantías estará presente durante la investigación, entendida esta la indagación preliminar a cargo de la Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía. Y la investigación que se realiza con posteridad a la imputación sobre un delito que se hace al indiciado o acusado, la cual va hasta cuando se formula acusación o se solicita preclusión de la investigación. Esto significa que una vez tiene inicio la etapa del juicio, pierde interés el control de garantías, ésta lo exige en la investigación, durante el juicio el control lo tiene en toda su dimensión procesal el juez de conocimiento o juez de la causa.
En la investigación, se busca un fiscal con una Policía Judicial integral, formada y con mayores atribuciones en el campo de la investigación y la criminalística, pero eso sí, bajo la dirección, coordinación y control jurídico de la Fiscalía. El sistema aprobado por el Congreso de la República[1], conforme a los fines marcados en el acto legislativo 003 de 2002, busca una Policía Judicial idónea, experimentada y garante de los derechos fundamentales, una Policía Judicial con capacidad técnica, científica y artística, y un fiscal con capacidad de reflexión para marcar el horizonte de la investigación. Los dos serán vistos como un equipo de trabajo, no será posible una Policía Judicial aislada del Fiscal o un Fiscal con una negativa autonomía sobre la Policía Judicial. Esto ha hecho que las investigaciones pierdan solidez. La meta es la estructuración de equipos de investigación integrales.
Nos proponemos en esta reflexión destacar los principales instrumentos de una Policía Judicial, con capacidad para investigar, con conocimientos y experiencias en el campo de la criminalística.
LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN[2]
Durante la Indagación Preliminar, cuyo término va desde el momento de la comisión del delito hasta la prescripción de la acción penal, y la investigación, la cual está dada desde de la imputación del delito al indiciado hasta cuando se formula la acusación y con un término de treinta (30) días, la Policía Judicial actuará bajo la dirección, coordinación y control jurídico de la Fiscalía General de la Nación[3]. Incluso la omisión en el cumplimiento de sus funciones legales constituirá causal de mala conducta[4], y si con su función irregular se ha restringido o limitado derechos fundamentales de las personas, los elementos materiales probatorios y evidencia física que hayan recolectado y asegurado no podrán ser utilizadas por el Fiscal Delegado, pues éste estará en la obligación de aplicar el principio o cláusula de exclusión[5], que no es otra cosa que su rechazo.
Los elementos materiales probatorios y evidencia física que han sido recolectadas y aseguradas por la Policía Judicial y que el Fiscal Delegado presentará en el juicio[6], serán objeto de controversia probatoria durante el juicio[7], según lo postulen los sujetos procesales. Por esta razón el equipo de trabajo integrado por el Fiscal Delegado y la policía judicial, no termina con la formulación de la acusación[8], pues la investigación lo es entendida también en la fase del juicio, mientras no se cierre el ciclo de práctica de pruebas[9]. La Fiscalía junto con la Policía Judicial, están obligadas a realizar las investigaciones en una estrecha relación, pues no es pensable una investigación que ha decantado unos excelentes elementos materiales probatorios o evidencia física, pero con limitaciones al ser presentadas en el juicio con ausencia de coordinación entre la Fiscalía y la Policía Judicial. En la causa es función del Fiscal Delegado presentar los elementos materiales de prueba, pero éstos pueden perder contundencia si no se está preparado en ese trabajo en equipo con la Policía Judicial. Cada vez que un investigador o un perito suba al estrado con el propósito de explicar las actividades en su función, entre en juego el éxito de la investigación, y sólo se mantendrá en aquellas donde haya primado una excelente dirección, coordinación y control de la actividad. Las inconsistencias se presentarán cuando el Fiscal Delegado e investigador o perito no hayan trazado la estrategia para una buena presentación de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física.
ORGANOS DE POLICÍA JUDICIAL
Por regla general: La tradición jurídica sobre que autoridades cumplen funciones de Policía Judicial, no tuvo cambios sustanciales, pues la Policía Nacional las tendrá a través de su Policía Judicial (SIJIN - DIJIN). Igual las cumplirá el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. El Departamento Administrativo de Seguridad, con su dependencia especializada en funciones de Policía Judicial. Finalmente, por excepción las tiene la Policía Nacional en general, en aquellos eventos que no sea posible la presencia de la Policía Judicial[10].
Será responsabilidad de la Policía Nacional[11], cuando cumpla funciones excepcionales de Policía Judicial, asegurar los elementos materiales de prueba y evidencia física para lo cual se someterán al régimen de cadena de custodia. La evidencia física desde su recolección será objeto de seguridad, identificación y conservación, como mínimo la Policía Nacional, en estos casos, la asegurará, identificará, embalará y enviará al responsable final.
La Policía Nacional que en cumplimento de sus funciones preventivas, registro de personas y registro de vehículos[12], encontrare elementos materiales probatorios o evidencia física que demostraren la comisión de un delito, o la identificación de autores o participes de un delito, tendrán que aplicar el régimen de cadena de custodia, como tal deberán recogerlos, identificarlos y embalarlos técnicamente[13], y de inmediato entregarán a la Policía Judicial, para que a su vez ésta asuma la indagación y e informe al Fiscal a través del reporte de iniciación[14].
Por regla especial: Dentro del cumplimiento de sus funciones y en forma especial cuando se esté ante la comisión de un delito, cumplen funciones de Policía Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Autoridades de Tránsito, las entidades de Vigilancia y Control (ejemplo: las Superintendencias) y los Directores Nacional y Regionales del INPEC, Directores de establecimientos carcelarios y personal de vigilancia y custodia del INPEC, los alcaldes y los inspectores de policía[15].
Se persigue con estas facultades especiales el logro de una investigación objetiva, pues en la medida que estas dependencias tengan funciones de investigación administrativa, en cumplimiento de las mismas pueden estar mucho mas allá, es decir, dentro de una investigación criminal y con las funciones especiales de Policía Judicial, podrán coadyuvar con la misión de la Fiscalía General de la Nación. Investigar los delitos y llevar a juicio a los presuntos responsables.
Los entes que tienen funciones especiales de Policía Judicial, al igual que la Policía Judicial en general, estarán en la obligación de informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre el inicio de una indagación, para que a su vez ésta pueda ejercer sus funciones de dirección, coordinación y control jurídico.
Por regla transitoria: Las entidades públicas por lo general tienen funciones de investigación a través de las Oficinas de Control Interno Disciplinario, o capacidad de auditoria interna. En cumplimiento de sus funciones pueden estar desarrollando actividades de investigación sobre conductas que constituyen un delito, cuya competencia para la investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, el Fiscal General, ante la importancia, complejidad o trascendencia de la investigación, mediante resolución motivada, podrá facultar transitoriamente a la entidad para que cumpla funciones de Policía Judicial[16] dentro de la investigación interna que realiza. Esta facultad de contenido transitorio debe entenderse exclusivamente para el caso objeto de investigación. Es decir si se trata de otro asunto diferente deberá obtenerse del Fiscal General, la autorización pertinente.
La importancia de estas facultades transitorias es lograr investigaciones con objetividad, oportunidad y en provecho de la especialidad. Al igual permitir que desde un principio la Fiscalía General de la Nación, dirija, coordine y controle la investigación.
GRUPO DE TAREAS ESPECIALES
La comisión de delitos evoluciona, los autores o participes implementan constantemente nuevas formas o modalidades para delinquir, se organizan en grupos profesionales que en su actividad ilícita están en la búsqueda de mecanismos para no dejar huellas de sus conductas. Vale traer a manera de ejemplo como en los delitos contra el patrimonio económico el asalto callejero o bancario le sede el camino a otras formas de criminalidad de mayor estructura organizativa, como ocurre con la vulneración de los sistemas de seguridad en los cajeros electrónicos o el acceso a claves complejas para desencriptar información financiera que fluye por canales de alto contenido informático; o como en los delitos de narcotráfico y secuestro existen organizaciones compartimentadas que hacen difícil su desmantelamiento cuando se ha logrado la captura de alguno de sus integrantes, quienes sólo tienen acceso a parte de la información por tener a su cargo tareas restrictivas y correspondientes a un eslabón de la organización criminal y no a un todo.
La complejidad de este tipo de investigaciones exigen la conformación de equipos de tareas especiales[17] conformados por fiscales y servidores de la policía judicial con conocimientos especiales y procedimientos de investigación de alto contenido analítico. Los equipos especiales exigibles para abordar la investigación con dedicación exclusiva podrán ser conformados por los jefes de las unidades de fiscalías, previa solicitud de autorización al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su delegado.
Estos equipos en el desarrollo de su actividad de investigación tendrán que rendir informes semanales de avance con el fin de evaluar los progresos, determinar su existencia, fortalecer las estrategias, reorganizar o disolverlos cuando sea procedente.
PROGRAMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN[18]
En la última década, sin lograrlo a plenitud, se ha querido fortalecer el trabajo en equipo entre los Fiscales Delegados y la Policía Judicial, para ello se acudió al dibujo de ejecución[19], el cual estaba marcado como la carta de navegación de la investigación. Sin embargo, no se corrió con la mejor suerte en su implementación, esto por diferentes razones: el propio sistema mixto procesal penal, donde no prima el trabajo en equipo, sino el de emitir unas ordenes (Fiscal Delegado) a través de misiones de trabajo que cumple la Policía Judicial y la respuesta en informes cuyo contenido está al arbitrio de la actividad realizada por la Policía Judicial; la mal entendida autonomía e independencia de los Fiscales Delegados, por su lado, y la Policía Judicial, por el suyo; y la congestión de los despachos judiciales de los Fiscales Delegados y las mismas Policías Judiciales. Todo esto sólo nos ha dado como resultado la perdida de confianza por la sociedad en sus entes de investigación y juzgamiento, pues por lo general se tiene una justicia inequitativa, inoportuna e indiferente a los fenómenos de conflictividad social.
El sistema procesal penal acusatorio, aprobado por el legislador, exigirá un trabajo en equipo entre Fiscales Delegados y Policía Judicial, pues no será viable llegar a un juicio, sino existe una relación armónica entre uno y otro. En la medida que la Policía Judicial realice un excelente trabajo en el marco científico, técnico o artístico, podrá la Fiscalía organizar y estructurar el caso que presentará en un juicio de responsabilidad penal oportuno y confiable para todos.
La estructura de una metodología de trabajo en equipo, se verá condensada en lo que será el Programa Metodológico de la Investigación (PMI). A través del cual podrá llevarse a cabo investigaciones certeras, confiables y oportunas. El PMI es un instrumento de trabajo que marcará la carta de navegación en las investigaciones penales, algunas de sus particularidades están dadas por lo siguientes aspectos:
Ratificación y reuniones de trabajo: El Fiscal, los investigadores y peritos, bajo la dirección y coordinación del primero, podrán ratificar, explicar[20] y organizar los aspectos relevantes de la investigación. Los mismos que permitirán la consolidación de los elementos materiales de prueba que el Fiscal Delegado hará valer en el juicio para demostrar la responsabilidad de los autores o participes del delito, o para hacer las solicitudes de preclusión de la investigación cuando en su desarrollo se encontraren evidencias con las que se pueda demostrar lo favorable para el investigado.
Determinación de objetivos: El trabajo en equipo entre Fiscales y Policía Judicial, permitirá la formulación de los objetivos[21] en la investigación. Es la oportunidad de hacer la discusión para plantear qué es la que se va investigar, cuáles son los elementos de materiales prueba que exige una buena investigación y cuál la metodología o estrategia a seguir en la investigación.
Hipótesis delictiva: No sólo el Fiscal tiene el deber de formular la hipótesis criminal que presentará en un juicio de responsabilidad penal. Corresponde a él junto con la Policía Judicial formular las presuntas hipótesis delictivas[22], para con el desarrollo de la investigación encontrar que fue lo que realmente ocurrió. Es decir determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó una conducta delictiva. La posibilidad de asegurar los elementos materiales de prueba sobre la ocurrencia de un delito y llevar al presunto autor o participe a juicio de responsabilidad penal.
Criterios para evaluar información: Las investigaciones pueden tener alguna complejidad, bien en la individualización de los autores o participes, o bien en la determinación o consecución del elemento probatorio con el que se construirá un juicio de responsabilidad. Por ello, el Fiscal Delegado y la Policía Judicial en desarrollo de PMI podrá evaluar la información[23], bien para descartar lo no trascendental e identificar y dar mayor importancia a aquella que permita el aseguramiento del elemento material de prueba que se presentará ante el Juez de Conocimiento.
Delimitación funcional de tareas: Un trabajo en equipo generará poder trazar las tareas en las diferentes fases de la investigación. En el anterior sistema las misiones de trabajo expedidas por los Fiscales, implicaban un alejamiento de la Policía Judicial, en su opción de retroalimentarse, de delimitar tareas[24], de trazar nuevos objetivos, de reorientar la investigación, esto no es una constante, pues existen taras en la investigación que implican la mora y dilación en los resultados. El PMI precisamente en esa constante de trabajo en equipo exigirá una constante en la retroalimentación entre Fiscales y Policía Judicial.
Procedimientos de control: Para que la Fiscalía tenga la dirección, coordinación y control jurídico[25] de la investigación, resulta importante el PMI. En esa lógica relacional entre Fiscales y Policía Judicial podrá garantizarse el respeto de derechos fundamentales, el esclarecimiento de los hechos, la individualización de autores o participes, la evaluación y cuantificación de daños y la asistencia y protección de las víctimas[26].
La misión en la investigación cambiará de objetivos, en el sistema procesal penal de tendencia inquisitiva mucho importa a la Policía Judicial lograr la identificación de autores o participes de un delito y allegar algunos elementos materiales de prueba con la que pueda iniciarse una investigación en la Fiscalía General de la Nación, pero no cobra la misma importancia o interés en el desarrollo de los juicios de responsabilidad penal. Esto hace ver la justicia dentro de un esquema de eficientismo judicial, y no de eficiencia y eficacia en la administración de justicia.
Mientras que el sistema procesal penal acusatorio, exigirá un mayor compromiso, pues no bastará con la identificación de autores o participes del delito y del aseguramiento de elementos materiales de prueba que permitan iniciar una investigación por la Fiscalía General de la Nación, sino que tendrá que darse su importancia en los juicios de responsabilidad, pues ante los jueces es donde se pondrá en juego la seriedad de las investigaciones, allí se medirá la calidad de las pruebas y por ende la eficiencia, eficacia y oportunidad de la investigación. Además, importará sobre manera el respeto de los derechos fundamentales de víctimas[27], testigos y victimarios. Las víctimas tendrán una especial atención tanto en los daños a su integridad personal, como la garantía en la protección de los elementos materiales de prueba a su favor, entendidos los que generan responsabilidad penal, como aquellos que permitan el restablecimiento del derecho[28] por los daños materiales recibido.
EJERCICIO DIRECTO DE LA POLICÍA JUDICIAL
La Policía Judicial cumplirá dos funciones esenciales para la investigación, donde el Fiscal Delegado, ejercerá dirección, coordinación y control jurídico, pero no actividad de investigación desde un punto de entendimiento práctico. Esas funciones propias del ejercicio de Policía Judicial son: la Investigación de campo y los estudios y análisis de laboratorio[29]. Es indiscutible que el manejo de las escenas del crimen será responsabilidad de los técnicos o experto en el área que exija la investigación, al igual que el estudio y análisis de laboratorio, allí los llamados son los investigadores de la Policía Judicial, peritos o especialistas en las ciencias, técnicas o artes de la criminalística.
La dirección, coordinación y control jurídico que ejercerán los Fiscales Delegados, debe ser entendida dentro del PMI, es decir, aquella interrelación exigible para que los elementos materiales de prueba recogidos y asegurados tengan la confiabilidad y contundencia al ser presentados en la etapa del Juicio. Etapa donde se pondrá a prueba la idoneidad, experiencia y conocimiento en los procedimientos de quienes practican las experticias. La existencia de una excelente relación entre Fiscales y Policía Judicial, garantizará los mejores éxitos de la actuación.
En síntesis, la Policía Judicial, en la medida de no limitar o restringir los derechos fundamentales de las personas involucradas en la comisión de un delito o aquellas que circunstancialmente se pueden ver afectadas con su accionar, podrá realizar las siguientes actividades: Inspección en el lugar del hecho[30], inspección de cadáver[31], entrevistas[32] e interrogatorios ,identificación, recolección, aseguramiento y custodia de los elementos materiales de prueba[33]. Igual podrán obtener información sobre el ingreso de víctimas a los establecimientos hospitalarios o de salud, esto con ocasión a situaciones de violencia[34]. Al igual estarán en la obligación de dar aviso de las diferentes situaciones a la Policía Judicial.
PROCEDENCIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS[35]
Objetivos: Las diligencias de allanamiento exigirá la formulación de unos objetivos y así debe apuntar el interés de la diligencia. Los objetivos deben estar enmarcados dentro de los siguientes aspectos: lograr obtener elementos probatorios sobre la comisión de un delito o identificación de autores o participes, y lograr realizar la captura del indiciado, investigado o acusado. Para ello, los allanamientos podrán realizarse sobre inmueble, nave o aeronave y vehículo automotor.
Fundamentos para la orden de registro y allanamiento: Varios aspectos resultan importantes antes de ordenar la practica de una allanamientos, no basta tener claridad sobre el objetivo, pues este debe estar respaldado en motivos razonablemente fundados[36], para ello la existencia de medios cognoscitivos (elementos probatorios), como la presencia de testimonios, documentos u otro elemento materiales de prueba[37]. Con la convicción de tener motivos razonablemente fundados y soportados en medios cognoscitivos, previa orden del Fiscal Delegado, la Policía Judicial podrá realizar las diligencias de allanamiento, cuando en el interior del lugar a allanar se halle instrumentos con los cuales se cometió el delito o producto del delito. Con miras a capturar el autor o participe se podrá allanar el bien donde se encontrare, en su calidad de propietario, tenedor del mismo o que transitoriamente se encuentre ubicado en él.
Alcance de la orden de registro y allanamiento: El Fiscal que ordenare la diligencia de allanamiento deberá determinar con precisión los lugares que se allanarán[38]. Incluso si el bien tiene varias habitaciones se deberá determinar sin equivoco cual se va a allanar. Si no es posible una descripción exacta del lugar, el Fiscal Delegado deberá con fundamento en los razonamientos fundados motivar el alcance del allanamiento. Esto se explica por el control posterior que realizará el juez de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes de finalizar la diligencia, pues el juez para validar o invalidar el desarrollo del allanamiento analizará con celo las razones que le dieron origen.
De otra parte, no habrá motivo razonablemente valido para ordenar allanamientos indiscriminados, globales o en masa. No merece explicación la situación de orden público en que se encuentra nuestra sociedad, todos corremos los mismos riesgos que el terrorismo desencadena; sin embargo ello no justifica una razón suficiente para realizar allanamientos globales donde se afecta indiscriminadamente la intimidad de las personas, en muchos casos ocasionando daños en sus bienes, sin que se les repare. La Policía Judicial tendrá que aumentar sus esfuerzos de investigación y seguimiento para lograr la realización de allanamientos en los lugares que en verdad lo merecen por razones de existencia de elementos materiales de prueba, producto del delito o captura de los autores o participes.
Reglas para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento: Por regla general los allanamientos tendrán que realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde[39], previa orden del Fiscal Delegado, la cual tiene vigencia por treinta días, si la actuación se encuentra en indagación preliminar, es decir antes de haber realizado imputación alguna al autor o participe del delito. Igual se podrá realizar dentro de los quince días siguientes a la orden del Fiscal Delegado[40], cuando la actuación se encuentra en la fase de investigación, o sea después de haber formulado la imputación.
De todas formas, efectuada la diligencia de allanamiento la Policía Judicial de inmediato informará al Fiscal Delegado que lo ordeno, para que solicite dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el control de garantías que ejercerá el Juez de Garantías, quien como tal invalidará o validará la diligencia. Este control se hará en una audiencia preliminar, donde estará presente el Fiscal Delegado, los testigos o peritos, puede estar el Ministerio Público y por supuesto el Juez de Control Garantías, quien presidirá la audiencia. En la indagación preliminar no se requiere la presencia del defensor del indiciado, pues el verdadero ejercicio de la defensa tiene sentido a partir de efectuarse la imputación del delito. En la indagación preliminar quien vela por los derechos fundamentales de las personas es el Juez de Garantías, un verdadero Juez constitucional.
Sólo se adelantará la diligencia de allanamiento en los lugares que han sido autorizados por el Fiscal Delegado[41] que lo ordenó, procurándose en todo caso la menor restricción posible de derechos fundamentales. Si como consecuencia de la realización del allanamiento se estuviere ante una situación de flagrancia, se procederá a allanar los lugares que no han sido objeto de autorización por el Fiscal Delegado, o si como consecuencia del allanamiento con motivos fundadamente razonados se observare que en sitios inmediatamente contiguos se encuentran o se dan las circunstancias planteadas en el objetivo del allanamiento, se extenderá la diligencia a esos lugares contiguos. En todo caso, se observará las mínimas garantías constitucionales, las cuales serán objeto de revisión por el Juez de Garantías.
Procederá el allanamiento en cualquier hora, cuando se tenga motivos fundamente razonado sobre la fuga de la persona sobre la cual pesa una orden de captura, o cuando corra riesgo la seguridad de los elementos materiales de prueba[42], es decir, que de no hacerse la diligencia pueda ser objeto de destrucción, bien los elementos materiales de prueba o el producto del delito.
La diligencia de allanamiento constará en un acta escrita[43], donde se resumirá las diligencias realizadas. El acta será leída a las personas que aleguen afección, quienes podrán dejar constancia de sus razones. El acta será firmada por quienes intervienen, si quien alegare afección se negare a la firma, se entenderá su contenido bajo la gravedad del juramento con la firma del servidor responsable de la diligencia.
Excepciones a la orden del Fiscal Delegado
Cuando medie consentimiento del propietario del bien: Excepcionalmente se podrá realizar diligencia de registro o allanamiento sin orden del Fiscal Delegado[44], cuando medie consentimiento expreso del propietario, es decir no se hace necesario el ejercicio de la fuerza pública para acceder al lugar habitado. Debe entenderse que el propietario del bien es el directamente afectado con la diligencia, pues si el morador no es el propietario del bien, sino tenedor a cualquier título, la autorización deberá ser dada directamente por el tenedor o morador a quien se le limita o restringe su derecho expectativa razonable de intimidad.
No existencia de expectativa de intimidad: La propiedad privada no debe ser entendida en todos los casos como derecho a la intimidad de las personas. La intimidad es un derecho que va ligado a la existencia de la persona, depende de su ser. La propiedad privada es un concepto mucho más amplio, reconocer este derecho a las personas, no implica que para todos los efectos se afirme que es un asunto de intimidad de las personas. La propiedad privada puede llevar consigo la inexistencia de la intimidad de las personas. Una casa de habitación es un bien ajeno y esta situación va ligada con la intimidad de sus moradores; una finca o lugar a campo abierto, si bien tiene ese carácter de propiedad privada, ella no va ligado necesariamente con la violación de la intimidad de las personas. Por esta razón no se requerirá de orden allanamiento cuando la actuación no restrinja la expectativa de intimidad de las personas[45].
Es posible realizar la diligencia de allanamiento en aquellos lugares donde no existe la expectativa de intimidad. Es el caso de la existencia de elementos materiales de prueba o producto del delito que se encuentren a campo abierto, a la vera del camino. Aquellos que a pesar de encontrarse en propiedad privada están a la vista de todos[46].
En situaciones de emergencia: Igual procederá el allanamiento sin orden del Fiscal Delegado, en aquellas situaciones de emergencia[47], como incendios, inundaciones o daños que pongan en riesgo de las personas o de los elementos materiales de prueba que son de importancia para la investigación.
Medie orden de captura: El allanamiento lleva implícita la orden del Fiscal Delegado cuando en contra del morador del bien, medie orden de captura[48]. Si la persona por capturar se encuentra en un bien ajeno, en todo caso se requerirá autorización de su morador legítimo.
Finalmente, si bien existen diligencias de allanamiento sin que medie orden del Fiscal Delegado, no significa que no se ejerza un control sobre su realización. La Policía Judicial que realizare el allanamiento sin orden del Fiscal Delegado, por estar legitimado para hacerlo, deberá comunicar de inmediato su realización para que el Fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes obtenga el control de garantías que ejercerá el Juez de Garantías.
RETENCIÓN, EXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA
El objetivo que se persigue es la obtención de información útil para la investigación. El Fiscal Delegado podrá ordenar a la Policía Judicial, la retención de correspondencia que reciba o remita el imputado[49]. Del mismo modo podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copias de los mensajes transmitidos por el imputado, como ocurre con las comunicaciones por beeper, y autorizarse a las empresas de mensajería para que suministren la relación de toda aquella correspondencia enviada o recibida por el imputado. La correspondencia será examinada y clasificada por la Policía Judicial, la que no sea de interés para la investigación será devuelta de inmediato.
La Policía Judicial, dentro de las doce (12) horas siguientes a la diligencia, comunicará los resultados a la Fiscalía Delegada[50]. La diligencia sobre retención y examen de correspondencia requerirá de la orden del Fiscal Delegado, y del control posterior por el Juez de Garantías, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al cumplimiento de la diligencia[51]. El plazo determinado para el seguimiento de retención y examen, por ningún motivo, puede exceder de un año. En todo caso se observará los criterios establecidos para la diligencia de allanamiento.
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES
El Fiscal Delegado podrá ordenar a la Policía Judicial la interceptación de comunicaciones[52]. La misma tendrá opción de realizarse a través de grabaciones magnetofónicas o digitales, por interceptación directa de las comunicaciones telefónicas análogas o digitales o las radiotelefónicos o similares que utilicen el espectro electromagnético. Es posible interceptar cualquier medio de comunicación privada que tenga el indiciado, investigado o acusado con los integrantes de su empresa criminal o autores y participes en el delito. La Policía Judicial tiene la facultad de solicitar por escrito al Fiscal Delegado la interceptación de comunicaciones, siempre y cuando medio motivos fundamente razonados para hacerlo. Es decir, la existencia de una investigación y el interés esencial de la comunicación a interceptar, su trascendencia probatoria dentro de los objetivos de la investigación.
El equipo de servidores encargados de realizar la interceptación de la comunicación está en la obligación de guardar la debida reserva[53], pues esta diligencia limita o restringe de manera sustancial el derecho a la intimidad de las personas, y como tal, son muchos las cosas que se escucharán y que no tendrán interés para la investigación, pero si de una profunda sensibilidad para la honra de las personas cuando se ventilan en espacios distantes a su intimidad. No será objeto de interceptación de comunicaciones las realizadas por el defensor del investigado o acusado[54]. Si como consecuencia de la interceptación de comunicaciones se tuviese acceso a las efectuadas entre el indiciado o acusado y su cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado, donde aceptaré la autoría o participación en la comisión de un delito, no podrá utilizarse esta información como elemento materiales de prueba para llevar a juicio. De hacerlo, se estaría vulnerando el derecho fundamental del investigado o acusado de no declarar contra sí mismo o autoincriminarse, como tampoco hacerlo en contra de sus parientes protegidos con este fuero.
Una vez expedida la orden de interceptación de comunicaciones, la Policía Judicial, contará con un término de tres (3) meses[55] para realizar la diligencia. Expirada la vigencia inicial podrá prorrogarse hasta por otro tanto, siempre que el Fiscal Delegado encuentre que se mantienen los motivos fundados que la originaron. La interceptación de comunicaciones será objeto de control por el Juez de Garantías, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la finalización de la diligencia determinará su validez o ilegalidad.
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS
La regulación de este instrumento que prestará sus buenos oficios para la investigación, resulta acertada, pues al no tener la suficiente claridad en su aplicación se convirtió en un esquema contradictorio, por ausencia de garantías en el proceder de los servidores de Policía Judicial, quienes se ven en riesgo cada vez que proceden a realizar la vigilancia o seguimiento de personas[56]. A su turno, igual ausencia de garantías para las personas objeto de vigilancia o seguimiento. Reglar la vigilancia y seguimiento de personas es directamente proporcional a la seguridad de los responsables en aplicar estos instrumentos y una garantía para las personas objeto de los mismos. Es responsabilidad del Fiscal Delegado en cumplimiento de sus funciones de dirección, coordinación y control jurídico de la investigación, expedir las correspondientes ordenes de vigilancia y seguimiento cuando existan motivos razonablemente fundados para hacerlo.
En principio podría pensarse que la vigilancia de personas y el seguimiento de personas tienen una misma definición, pues ambas persiguen la consecución de información útil para la investigación. Sin embargo su principal diferencia es que la primera se tratará de un seguimiento pasivo que permitirá la toma de fotografías y filmar vídeos, sin afectar la expectativa de intimidad de las personas. Su finalidad es lograr identificar o individualizar los autores o participes en el delito, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde asisten y aspectos similares. El término para su realización es de un año, sin perjuicio de poderse volver a expedir la orden si surgieren nuevos motivos.
El segundo instrumento, se trata de un seguimiento especial, con su práctica se restringe, limita o afecta la expectativa de intimidad de las personas, pues se podrá utilizar medios técnicos electrónicos (trasmisores, alarmas, detectores de movimiento, visores nocturnos, y fuentes infrarrojas, micrófonos para la grabación de conversaciones privadas y otras similares), lo cual significa que se trata de una diligencia que va más allá de una simple vigilancia con propósitos limitados. Por la afección a la expectativa de intimidad en su desarrollo se exigirá las mismas reglas que para la diligencia de allanamiento. Entre ellas, su realización dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la orden por el Fiscal Delegado, cuando la actuación se encontrare en indagación preliminar, o dentro de los quince días siguientes a la orden, si dentro de la actuación se ha formulado imputación en contra del investigado.
En todo caso, tanto para la vigilancia, como para el seguimiento de personas, una vez el Fiscal Delegado ha expedido la orden, de inmediata acudirá ante el Juez de Garantías, para que dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden autorice el desarrollo de la diligencia.
VIGILANCIA DE COSAS y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS
Previa orden del Fiscal Delegado, la Policía Judicial podrá realizar vigilancia sobre inmuebles, naves, aeronaves o cualquier otro vehículo o mueble, sobre el cual se tenga motivos razonablemente fundados para inferir su uso en el almacenamiento de droga, o elementos para su procesamiento, o para ocultar explosivos, armas y municiones, y en general, los instrumentos para la comisión de un delito[57]. Durante la vigilancia se podrá utilizar medios idóneos, sin afectar la expectativa razonable de intimidad de las personas, de afectarse en la orden del Fiscal Delegado se determinará la duración, y se aplicará las reglas previstas para las diligencias de allanamiento.
El seguimiento de vehículos, puede realizarse sin perjuicio de los procedimientos preventivos que realiza la fuerza pública. Quiere decir que de manera alguna se restringe o se limita la función preventiva que realiza la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, en sus procedimientos regulares a través de los retenes derivados de la afección del orden público. Esta función preventiva es la consecuencia del mantenimiento de la seguridad ciudadana, donde si bien en principio puede existir una intromisión en la intimidad de las personas, ésta no vulnera la expectativa razonable de intimidad.
La diferencia entre el seguimiento de vehículos y las actividades preventivas a cargo de la fuerza pública, está dada por el conocimiento fundado en motivos razonables sobre el uso del vehículo para trasportar personas a quienes ilegalmente los particulares les están limitando su libre desarrollo de locomoción o para el transporte de instrumentos de comisión del delito o producto de él. Las actividades preventivas, se entienden como aquellas aplicables en la generalidad de la sociedad, sin que existe una determinada razón en alguna persona en particular que utiliza el vehículo en el que se transporta o lleva bienes; son el resultado de medidas por amenaza en la seguridad de las personas en general. El seguimiento a vehículos ordenado por el Fiscal Delegado, no podrá poner en riesgo la autonomía de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales. La primera es como consecuencia de motivos razonados en la comisión de un delito y sobre hechos específicos, determinados; la segunda, es consecuencia de medidas preventivas y generales.
El propósito de la vigilancia de cosas y seguimiento de vehículos es el de obtener información que sirva para la investigación. Si en el lapso de un año no se obtiene la información que se busca, se cancelará la actividad, sin perjuicio de volverse a expedir si surgieren nuevos motivos[58]. De todas formas el Juez de Garantías ejercerá control mediante autorización que determine su validez dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte del Fiscal Delegado.
ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Se trata de un instrumento que en la práctica viene asumiendo los organismos de Policía Judicial, el cual se hace necesario regular, no sólo por los beneficios que trae para la investigación, sino por sus inconvenientes en cuanto a la legalidad actual de la actividad. Su regulación permite mayor confianza en los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, pues el ejercicio regulado cobra transparencia dentro de la investigación y disminuye riesgos en los servidores, quienes muchas veces se ven frente a investigaciones disciplinarios o penales, además facilita el ejercicio de controles durante su desarrollo.
Tiene aplicación cuando el indiciado o imputado pertenece a organizaciones criminales[59] y la investigación requiere de información útil que puede ser obtenida sólo con la infiltración de la organización criminal y su análisis. Se persigue con la actividad conocer la estructura en sus cuadros de mando, la agresividad derivada del perfil de sus integrantes, el número de delincuentes que la componen, y los puntos débiles que permitan su desmantelamiento efectivo. Cumplidos estos propósitos se podrá en forma inequívoca e inteligente ordenar la planificación, preparación y manejo de una operación.
El análisis e infiltración de organizaciones criminales, per se, no será objeto de control por el Juez de Garantías, ni de duración específica, pues se trata de actividades que no limitan o restringen la expectativa razonable de intimidad de las personas. Sin embargo, cuando en desarrollo de la misma se requiera el análisis de bases de datos o de interceptación de comunicaciones, estas actividades de por sí, no sólo requieren la orden previa del Fiscal Delegado, sino de control por el Juez de Garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la emisión, como también su realización durante el término autorizado en el Código de Procedimiento Penal.
ACTUACION DE AGENTES ENCUBIERTOS
Mucha más seria y de mayor riesgo que las diligencias de análisis e infiltración de organizaciones criminales resulta ser la actuación en encubierta. Esta lleva consigo, el hacer parte de la organización criminal y asumir algunas tareas extrapenales[60] con trascendencia jurídica necesaria para el éxito de la investigación. Es decir, la posibilidad de cometer delitos, pero sin llegar a vulnerar la vida e integridad de las personas. La misión por regla general le corresponde a los servidores destacados para el caso por los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, por excepción la misión podrá encomendarse a particulares[61], en todo caso con un riguroso seguimiento para evitar el exceso en los limites de la actividad en encubierta.
Por las implicaciones que genera el realizar conductas extrapenales con trascendencia jurídica, se requiere de orden por funcionarios de alto nivel. Por ello, corresponde al Director Nacional de Fiscalías, en su defecto al Director Seccional de Fiscalías, no sólo conocer del desarrollo de la actividad, sino la facultad para ordenarla cuando existan motivos razonablemente fundados en los medios cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal; sin la orden la Policía Judicial no podrá actuar con agentes en encubierta.
Dispuesta la orden los agentes en encubierta están facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones derivadas de la actividad criminal, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado, y si fuere necesario, realizar transacciones con él. La información que recaude el agente en encubierta como consecuencia de su función tendrá que darla a conocer al Fiscal Delegado que dirige, coordina y controla la indagación o investigación. El Fiscal Delegado, podrá disponer el desarrollo de las operaciones que den lugar el análisis de la información suministrada. Igual podrá utilizarse personas particulares en encubierta, sin permitir el cambio de identidad, cuando por la confianza con el indiciado o imputado o la que pueda adquirir, obtenga acercamientos para asegurar información relevante o de elementos probatorios necesarios para el buen éxito de la investigación.
Durante el desarrollo de la actividad podrá utilizarse los medios técnicos necesarios[62] que garanticen el aseguramiento de la información o de los elementos materiales probatorios que permitan no sólo el desmantelamiento de la organización criminal, sino también llevar a juicio de responsabilidad a los autores o participes en el delito. La duración de la actividad en encubierta no puede ser superior a tres años, en todo caso, una vez termine la operación y dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes el Juez de Garantías ejercerá control para validar o invalidar la actuación[63], sin perjuicio de ejercer control si se cancela la actividad, o cuando durante su desarrollo se afectan o limitan derechos fundamentales que exijan la tutela del Juez de Garantías.
ENTREGA VIGILADA
Se define como tal la entrega de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. Es dejar que los elementos producto del delito se transporten bajo la vigilancia y control de la Policía Judicial entrenada para ello[64]. Tiene aplicación esta actividad cuando el Fiscal Delgado tuviere motivos razonablemente fundados para creer que el indiciado o el imputado interviene o dirige la actividad criminal, especialmente cuando recae en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua.
El Fiscal Delegado podrá ordenar las operaciones en entrega vigilado, en la medida que se haya obtenido autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías. Esto por tratarse de una actividad donde los agentes en encubierto asumen conductas extrapenales y esa razón hace que se opere con un estricto control por parte de la Fiscalía General de la Nación. Resulta valido que en las operaciones en encubierta, como en la entrega vigilada, se pueda operar únicamente con autorización previa del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, pues se trata de una actividad de investigación donde debe estar definidas las actividades extrapenales que no impliquen un riesgo para la investigación o para los agentes. Sin la existencia de un control y autorización rígidos puede darse carta blanca para que servidores de organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, por debilidad, se conviertan en verdaderos participes del delito.
La entrega vigilada tiene sus limites: podrá asumir una conducta activa el investigador o agente cuando la iniciativa nace del imputado o investigado, no podrá el investigador o agente sembrar la idea criminal en quienes dirigen la actividad[65]; en todos los casos, actúa en obediencia a los objetivos establecidos por los cabecillas de la propia organización criminal; por ende, investigador o agente no podrá por iniciativa propia desarrollar comportamientos extrapenales por fuera de los propósitos de quienes dirigen o participan activamente en la comisión de delitos.
Con el ánimo de asegurar la información o los elementos materiales de prueba que se encuentren en el operativo, los cuales no sólo tiene utilidad en el desmantelamiento de la organización, sino en la posibilidad de llevar a los autores o participes a juicio de responsabilidad penal, podrá utilizarse los medios técnicos necesarios[66]. Una vez finalizada el operativo de entrega vigilada, el Fiscal Delegado acudirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes ante el Juez de Garantías para que valide o invalida la actuación[67].
EL JUZGAMIENTO
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, la actividad de los investigadores y agentes del Estado, cobra mayor importancia, ya sus informes no serán dados por rutina a sus superiores jerárquicos o hacerlos llegar en forma fría a los expedientes que llevan los Fiscales Delegados. El investigador, los agentes especiales de los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, al igual que los peritos, sean públicos o privados, que den a conocer la actividad en cumplimiento de sus funciones rendirán sus informes que tendrán que sostenerlos o sustentarlos bajo la gravedad del juramento y ante un juez, durante el desarrollo de la etapa del juicio[68], pues es allí donde se practicarán las pruebas y se ejercerá la verdadera controversia probatoria entre los sujetos procesales (Fiscalía y Defensa).
EL TESTIMONIO
Los investigadores, agentes especiales y peritos que asumen funciones con ocasión a la comisión de un delito, tendrán que desarrollar su actividad bajo la coordinación, dirección y control de la investigación que ejercerán los Fiscales Delegados. Sólo podrá pensarse en un desarrollo del juicio cuando exista una estrecha relación entre ellos. Durante la practica del testimonio del investigador testigo, agente o perito, y para facilitar un buen desarrollo en el interrogatorio podrán consultar sus informes como recurso para recordar, previa autorización del Juez de Conocimiento[69].
Los interrogatorios se desarrollarán uno después de otro y en el orden de la parte solicitante, primero los de la acusación, luego los de la defensa[70]. El interrogatorio se desarrollará con una metodología especial, la cual está compuesta por cuatro fases[71]:
Interrogatorio directo: Inicia el interrogatorio quien ha ofrecido la prueba, es decir la Fiscalía inicia con los testigos que pretende hacer valer para demostrar la responsabilidad del acusado como autor o participe de un delito; la defensa, en su turno, al presentar los testigos con los cuales pretende estructurar la defensa del acusado. El testigo declarará sobre los aspectos que en forma directa y personal hubiese podido observa o percibir. Al punto que de existir controversia sobre lo observado o percibido la contraparte podrá objetar la declaración mediante la impugnación de la credibilidad del testigo. De modo que el investigador testigo o perito, tendrán que acudir a juicio en forma sólida para sostener adecuadamente lo observado o percibido, pues puede ocurrir que por el bajo nivel de comunicación durante su desarrollo, la contraparte logre quitarle credibilidad, pese a la idoneidad de los observado o percibido.
El interrogatorio directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, su objetivo es traer la realidad de lo sucedido a los ojos del juzgador, por eso las preguntas versarán sobre hechos específicos[72], sólo de esa manera se lograrán los fallos que corresponde a la verdad. No serán admisibles las preguntas sugestivas ni las respuestas de referencia[73], estás lo serán cuando la parte que ofrece el testimonio ha anunciado que se trata de un testigo de referencia, razón por la cual será valorado como complemento o de argumentación de pruebas sólidas existentes.
Primer contra interrogatorio: Estará a cargo de la parte que no ofreció el testimonio y el interrogatorio se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Su objetivo es quitar o disminuir la credibilidad del testigo mediante la refutación[74], pudiéndose utilizar toda afirmación hecha mediante entrevista o en otra declaración jurada[75], por ende, podrá realizarse preguntas sugestivas de respuesta afirmativa o negativa. Se trata, pues, de la posibilidad de ejercer en juicio y en forma inmediata la controversia probatoria, la posibilidad del derecho de contradicción de la prueba.
Interrogatorio redirecto: Es la segunda oportunidad que tiene la parte que ofreció el testimonio para interrogar en forma directa al testigo. Su objetivo aclarar los temas puestos en controversia durante el contra interrogatorio[76]. Se realizará teniendo en cuenta las reglas del interrogatorio directo. La parte que ofreció el testimonio no podrá realizar preguntas nuevas que no haya efectuado en el interrogatorio directo, pues ya esa oportunidad ha perecido.
Segundo contra interrogatorio: Corresponde a la parte que no ofreció el testimonio. Podrá realizarlo sobre los aspectos que fueron tema del interrogatorio redirecto y con el propósito de dar claridad a las respuestas dadas por el testigo[77]. Se realizará bajo las mismas reglas del primer contra interrogatorio, es decir se podrá formular preguntas sugestivas.
Impugnación de la credibilidad del testigo: Los sujetos procesales durante la formación de la prueba testimonial, podrán impugnar la credibilidad del testigo, cuando sus respuestas resulten ser de naturaleza inverosímil o increíble[78], o cuando está en incapacidad de percibir, recordar o comunicar[79], o cuando se infiere con motivos fundadamente razonables su prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad[80], o cuando a efectuado manifestaciones anteriores que impliquen contradicción[81], o por existencia de patrón de mendacidad[82], o cuando existen contradicciones en el contenido de la declaración[83].
PRUEBA PERICIAL
El nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria para Colombia, implica un cambio en la actuación de los peritos en las investigaciones. Ahora, no se limitarán a rendir sus informes sin sostenerlos ante un juez y sin la posibilidad de realizar el proceso de contradicción de la prueba. Los peritos podrán en adelante ser llamados a testificar en la fase del juicio, donde demostrarán su idoneidad, experiencia y su capacidad en la aplicación de los procedimientos utilizadas soporte de su experticia. Es decir serán objeto de interrogatorio bajo las mismas reglas establecidas en la formación de la prueba testimonial[84].
Instrucciones para Interrogar al perito: El perito será interrogado sobre su conocimiento teórico de la ciencia, técnica o arte en la cual es especialista[85]. Igual lo será sobre su conocimiento práctico[86], los principios científicos, técnicos o artísticos[87] y los métodos que empleo durante el proceso de análisis pericial[88]. Además explicará la técnica de orientación, verificación o certeza que permita dar claridad y contundencia probatoria a la experticia[89]. Al igual tendrá su opinión pericial podrá estar corroborada o ratificada por otros peritos que declaran en el mismo juicio[90]. Es decir, el perito tendrá que dar cuenta de los aspectos formales y prácticos que le permitieron dar su concepto pericial.
Contra interrogatorio del perito: Su finalidad es refutar en todo o en parte los argumentos científicos, técnicos o artísticos[91], como los aspectos formales en los análisis soporte de la conclusión pericial. En el contra interrogatorio, la parte que lo realiza podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos, o recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas[92].
Significa lo expuesto que si bien los peritos en Colombia pueden tener la formación en la especialidad, ello no será suficiente, pues tendrán que estar capacitados día a día conforme a los cambios de la ciencia, técnica o arte. Además, sobre los aspectos formales en el manejo de los interrogatorios, deben estar en capacidad de dar a conocer todos los aspectos formales y prácticos de la experticia a los participantes en audiencia pública. Sólo de esa manera se disminuirá el riesgo de refutaciones sobre credibilidad, pese a la idoneidad, experiencia y capacidad en la aplicación de los procedimientos exigibles. Se trata pues de dos capacidades, una la propiamente dicha sobre la contundencia en la experticia, y otra, que va relacionada con su capacidad de comunicación para evitar cualquier asomo de duda.
Finalmente, muchas otras cosas podríamos decir, pues las nuevas exigencias del sistema procesal penal acusatorio así lo exigirá. Por eso el tema que exponemos es apenas un acercamiento a la responsabilidad derivado de los nuevos enfoques y roles de investigadores y peritos. En sí un reto por el cambio paradigmático que abordarán los organismos que cumplen funciones de Policía Judicial. La idea final es invitarlos a tomar, desde ya, el camino del cambio, pues en pocos días estaremos ante un novedoso sistema procesal penal que nos exigirá una forma diferente de ver la investigación criminal.
Bogotá D.C, 22 de junio de 2004
[1] Texto conciliado por las sesiones plenarias del Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes, 16 de junio de 2004.
[2] Libro Segundo, Título Primero del Código de Procedimiento Penal CPP.
[3] Artículo 117 del CPP.
[4] Ibídem.
[5] Artículo 23 (Cláusula de exclusión) CPP.
[6] Artículo 114 numeral 4 (Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación) CPP
[7] Artículo 8 literal k (defensa), 15 (contradicción), 16 (inmediación), 378 (contradicción de la prueba) CPP.
[8] Artículo 339 CPP
[9] Artículo 372 CPP
[10] Artículo 201 CPP
[11] Artículo 208 CPP
[12] Ibídem
[13] Artículo 254 CPP
[14] Artículo 205 inciso 4 CPP
[15] Artículo 202 CPP
[16] Artículo 203 CPP
[17] Artículo 211 CPP
[18] Artículo 207 CPP
[19] Desde mediados de los noventa se ha venido fortaleciendo las estrategias de investigación criminal, para ello se ha buscado el acercamiento entre los fiscales delegados y la policía judicial. Es así como la metodología de trabajo a través del dibujo de ejecución tuvo algún éxito en las unidades nacionales de fiscalías y en unidades como la de delitos contra la administración pública y del medio ambiente de Cundinamarca, por aquella época, 1997 – 2001, al contarse bajo una misma estructura organizacional fiscales delegados y servidores del cuerpo técnico de investigación se lograron llevar a juicio a servidores públicos que atentaron contra el patrimonio del Estado.
[20] Artículo 207 inciso 1 CPP
[21] Artículo 207 numeral 2 CPP
[22] Ibídem
[23] Ibídem
[24] Ibídem
[25] Ibídem
[26] Artículo 207 numeral 3 CPP
[27] Artículo 11 CPP
[28] Artículo 133 CPP
[29] Artículo 207 inciso último CPP. Se discute si el fiscal puede acercarse al lugar de los hechos para poder ejercer las funciones de dirección, coordinación y control jurídico de la actuación; sobre el punto hay quienes expresan que de hacerlo y tener percepción directa sobre los hechos lo podría desplazar al plano de testigo, razón por la que eventualmente prosperaría un impedimento para conocer de la investigación. Sin embargo, hay quienes sostienen que los fiscales pueden acudir al lugar de los hechos para asumir sin equivoco su función, cosa diferente es que por circunstancias relacionadas con la pureza del lugar de los hechos, disminución de riesgo de contaminación, el legislador haya entregado el control directo sobre la investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio a la policía judicial, es decir, el punto es evitar que resulte contaminada por entrar en ella personas que no tienen los conocimientos científicos, técnicos o artísticos requeridos.
[30] Artículo 213 CPP
[31] Artículo 214 CPP
[32] Artículo 206 CPP
[33] Artículo 205 CPP
[34] Artículo 218 CPP
[35] Artículo 219 CPP
[36] Artículo 220 CPP
[37] Artículo 221 CPP
[38] Artículo 222 CPP
[39] Artículo 225 CPP
[40] Artículo 224 CPP
[41] Artículo 225 numeral 2 CPP
[42] Artículo 225 numeral 1 CPP
[43] Artículo 225 numeral 5 CPP
[44] Artículo 230 CPP
[45] Ibídem
[46] Artículo 230 parágrafo CPP
[47] Artículo 230 numeral 3 CPP
[48] Artículo 230 numeral 4 CPP
[49] Artículo 233 CPP
[50] Artículo 234 CPP
[51] Artículo 237 CPP
[52] Artículo 235 CPP
[53] Artículo 235 inciso 2 CPP
[54] Artículo 235 inciso 3 CPP
[55] Artículo 235 inciso 4 CPP
[56] Artículo 239 CPP
[57] Artículo 240 CPP
[58] Artículo 240 CPP
[59] Artículo 241 CPP
[60] Artículo 242 CPP
[61] Artículo 242 inciso 2 CPP
[62] Artículo 242 inciso 3 CPP
[63] artículo 242 inciso 4 CPP
[64] Artículo 243 CPP
[65] Artículo 243 inciso 2 CPP
[66] Artículo 243 inciso 4 CPP
[67] Artículo 243 inciso 5 CPP
[68] Artículo 399 CPP
[69] Ibídem
[70] Artículo 390 CPP
[71] Artículo 391 CPP
[72] Artículo 392 literal (a) CPP
[73] Artículo 392 literal (b) CPP
[74] Artículo 393 literal (a) CPP
[75] Artículo 393 literal (b) CPP
[76] Artículo 391 inciso 3 CPP
[77] Artículo 391 inciso 4 CPP
[78] Artículo 403 numeral 1 CPP
[79] Artículo 403 numeral 2 CPP
[80] Artículo 403 numeral 3 CPP
[81] Artículo 403 numeral 4 CPP
[82] Artículo 403 numeral 5 CPP
[83] Artículo 403 numeral 6 CPP
[84] Artículo 405 CPP
[85] Artículo 417 numeral 1 CPP
[86] Artículo 417 numeral 3 CPP
[87] Artículo 417 numeral 4 CPP
[88] Artículo 417 numeral 5 CPP
[89] Artículo 417 numeral 6 CPP
[90] Artículo 417 numeral 7 CPP
[91] Artículo 418 numeral 1 CPP
[92] Artículo 418 numeral 2 CPP